El 155 es el fantasma que asusta al Govern catalán y a la mayoría de los diputados del Parlament de Cataluña. ¿Suspender la autonomía? ¿Acabar con el autogobierno? Cualquiera de los diputados de ERC, JxCat, la CUP o Catalunya en Comú te diría que eso es lo peor que le puede suceder políticamente a Cataluña.

Sin embargo, esos mismos diputados llevan más de un año sin hacer uso del autogobierno catalán. El Parlament de Catalunya no ha aprobado ni una nueva ley en todo el año 2018. Ni una. 

Tan solo tres reformas han sido aprobadas por la Cámara, dos de las cuales han sido impulsadas por uno de los partidos de la oposición, el PSC, y solo una, la que pretendía hacer presidente a distancia al fugado Puigdemont. 

La iniciativa parlamentaria del Gobierno de Quim Torra es nula, algo que entronca con su falta de proyecto político para Cataluña. Tanto los antiguos convergentes como ERC se presentaron a las elecciones con un proyecto vacío, "hacer República", que no incluye ninguna medida concreta, y sus acciones públicas se limitan a hablar de los políticos presos y a poner a prueba al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Parlament escogió presidente a Roger Torrent el 17 de enero y luego se enredó en la investidura telemática de Puigdemont, hasta que ERC, en medio de su conflicto con JxCat, decidió abortar la elección del president fugado. 

Después se intento investir a Jordi Turull, pero el rechazo de la CUP y su posterior ingreso en prisión volvieron a posponer la jugada. Así se llegó a mayo, y como no se dieran prisa, la cámara se disolvía automáticamente y se convocaban nuevas elecciones. 

Y legislar y asistir al Parlament, no parece que demasiado, pero controlar los nombramientos de cargos y manejar los presupuestos de la Generalitat, sí que gusta a los diputados de ERC y JxCat (y, si cae algo, a los de la CUP). Total, que acabaron eligiendo a Torra, que daba muy bien el perfil, a mitad de mayo. Poco después, echaron el cierre al Parlament y estuvieron tres meses sin convocar un pleno, hasta principios de octubre.

Ya con los niños de vuelta al cole y las primeras lluvias de otoño, se hacía feo seguir en casa, así que en el último trimestre han recuperado la actividad parlamentaria para votar algunas resoluciones ("consensos" los llama la portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany), fundamentales para mantener el relato procesista (es decir, para seguir controlando los nombramientos y el dinero público), pero que en la práctica no tienen ninguna aplicación real para los ciudadanos de Cataluña. Por ejemplo, la resolución votada el 11 de octubre para abolir la Monarquía o la de hace escasos días para condenar la Constitución española.

Mientras todo eso sucede, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que más padece los recortes sociales. La Generalitat de Mas, Puigdemont y Torra es la administración pública que más ha recortado en Sanidad y Educación en los últimos años. Por eso, cada vez más catalanes están protestando para que el Gobierno de Torra se dedique a gobernar en los asuntos en los que sí que tiene competencia y a revertir esos recortes. 

Igual en 2019.