Pedro Sánchez claudica ante Carles Puigdemont para salvar la amnistía. El presidente del Gobierno acepta cubrir a Tsunami Democratic, ajustar los delitos de terrorismo y traición al derecho europeo o dejar fuera, por ejemplo, la malversación con la excepción, salvo enriquecimiento personal.

Así lo ha podido saber COPE en las últimas horas a través de fuentes parlamentarias solventes. Tanto el PSOE como Junts como Esquerra han formalizado su acuerdo. Este jueves, a las 11:00 horas, como máximo, se van a descubrir todas las cartas encima de la mesa, pues la Comisión de Justicia del Congreso se reúne para aprobar la redacción final de la Ley.

Pedro Sánchez cede

La ley ya está pactada. Sólo queda conocer la literalidad de una enmienda transaccional única que extiende el borrado penal entre las cesiones del Gobierno. Según ha sabido COPE, se elimina toda alusión al Código Penal en terrorismo y traición, y acota estos delitos tanto a una directiva comunitaria como al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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Esto significa que la amnistía, además de blindar a Carles Puigdemont, abarcaría a Tsunami Democratic en línea con las exigencias de Junts. La malversación se ciñe al enriquecimiento personal. La aplicación de la norma se extiende dos meses y pasa al 1 de noviembre de 2011 para incluir causas abiertas del Tribunal de Cuentas.

Así, la redacción final cubre a todas las personas involucradas en el procés. En el ámbito administrativo, la Generalitat de Cataluña es habilitada para devolver las sanciones menos graves impuestas en materia de seguridad. El acuerdo bendecido por Esquerra permitirá sacar adelante la amnistía en la Comisión de Justicia.

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La amnistía como exige Puigdemont

"La ley de la amnistía no es ni más ni menos que una nueva rendición de Pedro Sánchez para seguir la Moncloa", dicen en el PP, pasando por encima de la valoración del Tribunal Supremo. Como lo consideran una nueva humillación de los jueces, le dicen a Sánchez que no esperen que sea blanqueada con la colaboración de los populares.

Aceptan, eso sí, acudir a la reunión de la próxima semana en Estrasburgo con la mediación del comisario Renders. Pero eso no significa que vayan a aceptar las condiciones del gobierno. Y es que la ley de la amnistía se está convirtiendo en un escollo más en las negociaciones.

El Gobierno quiere renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero no acaba de comprometerse a cambiar el modelo por el que se eligen a los 12 vocales de procedencia judicial, algo que choca frontalmente con la exigencia del Partido Popular para que sean los jueces los que elijan a los jueces.