El PP ha pedido que el Reglamento del Congreso pueda restringir las citaciones de jueces y magistrados en todas las comisiones del Congreso, también en las de investigación, para que no puedan comparecer para informar sobre hechos o noticias de las que hayan formado parte.

Después de que la comisión que investiga el caso Koldo en la Cámara Baja haya desestimado las comparecencias de fiscales que tienen relación con esa causa abierta en la Audiencia Nacional, los populares han propuesto limitar por ley la presencia de jueces y magistrados en el Congreso.

Ha sido a través de una de las quince enmiendas que ha registrado el grupo parlamentario del PP a la reforma del Reglamento de la Cámara para adaptarla al lenguaje inclusivo de género, y a las que ha tenido acceso EFE.

Entre ellas también destaca un nuevo artículo que solicita la celebración obligatoria de un debate sobre el estado de la nación al año, a no ser que coincida con elecciones generales y que se celebre al inicio del segundo periodo de sesiones, por el mes de febrero.

Enmiendas que nada tienen que ver con la erradicación del lenguaje sexista y que se dirigen a agilizar plazos para la presentación de enmiendas o incluso para formular el acatamiento de la Constitución que hace el diputado o diputada cuando toma posesión de su escaño.

"El presidente electo pronunciará la siguiente fórmula dirigiéndose a los diputados: "¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?". Dicho juramento o promesa se prestará por los diputados únicamente respondiendo 'sí, lo juro' o 'sí, lo prometo', sin que en modo alguno pueda preceder ni proseguir ninguna otra expresión a dicha afirmación", señala el artículo que quiere introducir el PP en el Reglamento.

También piden que si se altera el calendario de sesiones plenarias por varias convocatorias electorales se recupere al menos una de ellas en los dos meses siguientes, y solicitan que el voto telemático de todas las iniciativas se produzca al final del debate de la iniciativa.

El PP también alude a las proposiciones de ley con trascendencia constitucional, en referencia a la reciente ley de amnistía tramitada en el Congreso y quiere que el Reglamento exija que, una vez tomadas en consideración, se soliciten informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y/o de otros órganos del Estado que fueran aconsejables.

También plantean obligar al Gobierno a que acompañe con un informe del Consejo de Estado los proyectos de ley.

Y para agilizar los trámites parlamentarios piden restringir a un máximo de dos meses y medio el plazo de presentación de enmiendas a las proposiciones de ley que hayan sido tomadas en consideración por el Senado o estén vinculadas a un decreto ley tramitado como proyecto de ley.

Pese a que estas enmiendas no están relacionadas con el objeto de la reforma del Reglamento el PP también pide que no se admitan a trámite aquellas enmiendas que "carezcan de la necesaria homogeneidad con la iniciativa que se pretende modificar, constituyendo desde el punto de vista material otra iniciativa distinta a la iniciativa que se está tramitando".EFE

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