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AYUNTAMIENTOS FISCALIZACIÓN

Pocos ayuntamientos hacen algo por dar vida a sus inmuebles vacíos o en obras

Dos informes del Tribunal de Cuentas revelan que son muchos los casos de instalaciones municipales sin uso o en obras y pocos los ayuntamientos que realmente hacen algo para modificar esta situación, y a veces recurren incluso al alquiler de otros inmuebles a pesar de disponer de espacios propios desaprovechados.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 17:46

Dos informes del Tribunal de Cuentas revelan que son muchos los casos de instalaciones municipales sin uso o en obras y pocos los ayuntamientos que realmente hacen algo para modificar esta situación, y a veces recurren incluso al alquiler de otros inmuebles a pesar de disponer de espacios propios desaprovechados.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha presentado este jueves en la correspondiente Comisión Mixta Congreso-Senado, los informes de fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de la Región de Murcia y de Castilla-La Mancha y ha señalado que en algunos de los casos la fiscalía ha pedido información para proceder o no a la apertura de procedimientos.

Ambos informes, aprobados en 2020, evalúan 112 entidades locales de más de 5.000 habitantes de ambas comunidades, 37 de Murcia y 75 de Castilla-La Mancha, desde 1 de enero 2017 al 30 junio de 2019.

De las 112 entidades, un 12 % no habían rendido su cuenta general y otras varias presentaban "retrasos significativos".

Un 16 % de los inventarios de bienes estaban desactualizados o no contenían la totalidad de la información exigida y "todos" habían incumplido los plazos establecidos para la aprobación de sus inventarios.

En total sumaban 253 inmuebles sin uso -una media de más de dos por municipio- entre las dos comunidades y un 30 % de ellos en Murcia y un 34 % en Castilla-La Mancha no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad; además, el 29 y el 33 %, respectivamente, del total de cada región nunca llegaron a utilizarse.

En ambos territorios, en el 70 % de los casos se incumplieron obligaciones de registro contable.

Chicano ha destacado que un 78 % de los ayuntamientos murcianos titulares de esos inmuebles y un 87 % de los castellanomanchegos no aprobaron ni planes ni medidas para modificar esta situación.

Alrededor de una veintena de los espacios tenían un uso ocasional, sin registro en algunos casos y en la mayoría sin registro contable.

En varios casos, además, los ayuntamientos habían arrendado otros bienes inmuebles a pesar de tener estos sin actividad, y en la mitad lo hicieron sin acreditar la necesidad.

En cuanto a obras publicas paralizadas, se detectaron 39, por un importe de adjudicación total de cerca de 73 millones de euros y con unos recursos invertidos y paralizados de 44 millones.

Las causas que se arguyeron eran imputables a la administración, al contratista o "no identificadas" y el origen de las paralizaciones en la mayoría de los casos era la falta de recursos para continuar con la ejecución.

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El periodo medio de paralización era superior a los 4 años y medio en Murcia y los 7 años y medio en Castilla-La Mancha.

Otro dato que pone de manifiesto el trabajo del Tribunal de Cuentas es que en algunos ayuntamientos la paralización de las obras implicó la no realización de los servicios que iban a acoger las infraestructuras no terminadas, aunque en la mayoría se llevaron a cabo en otros espacios municipales.

Solamente en 11 casos, poco más de la cuarta parte, se han reanudado y terminado las obras paralizadas.

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