Son horas bajas dentro del Ejecutivo. La salud del Gobierno de Pedro Sánchez parece haberse agravado en estas últimas horas y cierra una semana donde la desconfianza entre ambos socios es mayor, a raíz de los ataques constantes que los morados han lanzado sobre diversos ministros socialistas. En especial, contra la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Ella ha sido, según apuntan muchos medios, la persona encargada de negociar con Casa Real la salida del Rey emérito del país.

Una información que conocimos el lunes por la tarde y que abrió, de inmediato, la primera crisis en el seno del Gobierno al haber discrepancias claras en torno al modelo de Estado que se quiere para España en los próximos años.

Estos encontronazos, sin embargo, no solo se han dado esta semana. Durante esta corta legislatura se han podido ver discrepancias claras entre PSOE y Unidas Podemos, aunque es ahora cuando estas empiezan a adoptar otro tono y se lanzan acusaciones entre ellos.

Ha sido tal la tensión que se ha respirado, que la formación de Iglesias ha planteado obligar a Carmen Calvo a dar explicaciones en el Congreso sobre su negociación con Felipe VI, tal y como lo reconoció el portavoz de En Comun Podem, Jaume Asens. Ahora, la dirección nacional busca bajar el tono y pide al PSOE "fortalecer" el acuerdo de Gobierno desautorizando, a su vez, a Ansens.

Los asuntos judiciales de Unidas Podemos

Coincidencia o no, lo cierto es que esta cortina de humo ha servido a la formación de Iglesias para no hablar de los temas judiciales que tienen en agenda. Según ha publicado el periódico El Mundo estas últimas horas, el Ejecutivo de Sánchez conocía la sospecha que había dentro del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la sociedad Neurona y que apunta a pagos irregulares e ilegales.

La formación morada recibió, según apunta el Tribunal de Cuentas, una subvención de 384.276,94 euros y dijo haber invertido en seguridad 452.955,97, sin embargo, en el informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones a ellos vinculadas correspondiente al ejercicio de 2016 del Tribunal de Cuentas, se especifica que Podemos se gastó 323.828,22 euros en conceptos no subvencionables por esta categoría, de manera que deberá devolver esa cantidad.

El partido de Iglesias pagó con ese dinero el grueso corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a las tareas de seguridad por las que se pueden recibir subvenciones.

Tras conocer esta noticia, el abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que se ha mostrado muy duro con Podemos, al asegurar que “ya no pueden negar que hubo irregularidades financieras”.

Calvente ha defendido una vez más que tanto él como su compañera Mónica Carmona investigaron estos hechos, algo que también ha explicado delante del juez estas últimas semanas y ha pedido que alguien debe dimitir "para limpiar el partido". No en vano, esta es una sospecha más que tienen los jueces puesta en la formación de Pablo Iglesias.

Los otros casos que hemos conocido

La que más eco mediático ha tenido durante esta semana ha sido el Caso Dina. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sospecha que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no es un simple perjudicado en el robo de la tarjeta de su exasesora de Unidas Podemos, Dina Bousselham.

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Iglesias siempre ha querido enmarcar este robo con las supuestas cloacas del Estado, en un intento de defender el miedo que los poderes fácticos del país tenían hacia la formación de Iglesias, dispuesta a tirar contra todo.

Ahora, sin embargo, parece que todo apunta a que sus responsabilidades en este asunto son mayores y su futuro judicial parece cercano. Esta misma semana también hemos conocido gracias a El Mundo que la productora vinculada a Iglesias y los suyos recibió al menos 9.300.000 euros de empresas que recibían dinero directo de Irán.