Pablo Iglesias e Irene Montero huyen de los escándalos. El vicepresidente del Gobierno y la Ministra de Igualdad han alcanzado a través de su partido un acuerdo con su exescolta para no llegar a juicio por su demanda sobre los abusos y las malas condiciones en las que trabajaba. Según informa El Confidencial, "el acuerdo se cerró el martes (...) un día después de la toma de posesión de Pablo Iglesias como vicepresidente y de Irene Montero como ministra de Igualdad". El diario no especifica cuánto dinero ha pagado la formación a la denunciante para evitar llegar a la vista,  prevista para la semana que viene.

La exescolta aseguró que Irene Montero le obligaba a hacer de "recadera" para ella y sus hijos fuera del horario laboral. Además, la empleada también tenía que ejercer de mecánica o chófer de la familia. Según una información publicada en noviembre por OK Diario, Montero le pedía a su escolta tareas personales que nada tenían que ver con su papel de escolta como adquirir "productos de parafarmacia y droguería para bebés", productos de supermercados o incluso llevarle la cena a su chalet en Galapagar.  No es lo único: la empleada tampoco se libró de hacer de "chófer de familiares invitados al domicilio o de transporte de envíos de familiares", así como de otras "tareas de gestión de obras en una de sus propiedades" y el "mantenimiento de vehículos" privados.

La escolta fue contratada el 25 de febrero de 2016 como "escolta personal en exclusiva" de Pablo Iglesias.  Un año después de trabajar con él, pasó al servicio de Irene el 26 de septiembre de 2017. Según la trabajadora, "las órdenes, directrices y trato dispensado por ésta a la trabajadora" comenzaron a "exceder con mucho de las normales", según cuenta ella misma en su escrito. Además se quejaba de que muchas de sus demandas se producían a horas intempestivas, por encima "de la jornada legal, horario y turno asignados" a la empleada.

Además de hacer pública su situación en un chat privado, la empleada se negó a "llevar a cabo las órdenes" de Irene Montero y le pidió que regularizase su situación según el Convenio Colectivo, algo que nunca sucedió según la propia mujer.