El juez de guardia en Barcelona ha dejado en libertad a la exconsellera de Enseñanza y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, después de que así lo haya acordado el Tribunal Supremo, que la cita a comparecer el 24 de abril próximo con la advertencia de que volverá a ser detenida si no se presenta.

Ponsatí, detenida por los Mossos d'Esquadra hacia las 18.00 horas a raíz de una orden del Supremo, ha abandonado los juzgados de guardia de Barcelona poco antes de las 23.00 horas, una vez se le ha comunicado el requerimiento del Supremo y rodeada de varios centenares de personas, entre ellos dirigentes de Junts como Laura Borràs, Francesc de Dalmases o Albert Batet.

El juez instructor Pablo Llarena ha dictado esta misma tarde un auto en el que acuerda dejar sin efecto la detención de la exconsellera, así como el procesamiento por rebeldía que acordó después de que huyera de la justicia española para evitar ser juzgada por el caso del procés.

En su auto, Llarena cita a la eurodiputada para que comparezca el próximo 24 de abril ante el Tribunal Supremo, asistida por un abogado, con el fin de comunicarle que está procesada por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de prisión, solo de inhabilitación.

Además, le advierte de que si no comparece podría modificarse "su situación personal" y podría ser conducida ante el tribunal "por la fuerza pública".

La defensa de Ponsatí, quien ha regresado hoy a España tras más de cinco años huida de la justicia española, mantiene que su detención es ilegal puesto que goza de inmunidad por su condición de diputada del Parlamento Europeo, cámara que precisamente tiene fijada una sesión plenaria para mañana.

No obstante, Llarena replica en su auto que Ponsatí fue procesada en marzo de 2018, por lo que la inmunidad que alcanzó en junio tras su proclamación como europarlamentaria no exige que se tenga que tramitar un suplicatorio ante el Parlamento Europeo para acordar su detención.

"Entender que la inmunidad opera más allá del momento procesal literalmente marcado en las normas anteriores supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía", abunda Llarena.

Para el magistrado, la inmunidad "protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar y perturbar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado".