El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) inician este martes 24 de enero una huelga indefinida para conseguir las mejoras salariales que llevan años reivindicando. Las principales asociaciones representativas de los secretarios judiciales afrontan una nueva escalada de un conflicto que viene de 2009.

En ese año, una reforma legalatribuyó a los letrados varias responsabilidades que previamente correspondían a los jueces. A partir de entonces, el gremio ha asumido progresivamente una mayor carga de trabajo sin verla reflejada en sus condiciones salariales, siendo la reforma de 2015 otro episodio clave en este sentido. A finales de 2021, la cartera de Justicia liderada por Pilar Llop se sentó con los sindicatos de los cuerpos generales a negociar unas condiciones salariales que no se adecuaban.

Esto llevó a los letrados a convocar paros en enero y marzo de 2022. Solicitaban una adecuación salarial y un Estatuto acorde con los cientos de funciones que habían asumido en los últimos años. En abril se convocó un tercer paro que no se celebró porque el Ministerio de Justicia, al fin, respondió y adoptó una serie de compromisos. Desde entonces, según denuncian las asociaciones, no ha habido manera de retomar el contacto. Aseguran que la cartera de Pilar Llop no ofrece ninguna respuesta.

Los paros

Si con esos paros ya consiguieron frenar entre 8.000 y 10.000 juicios diarios, ahora prevén que la situación sea peor al ser indefinidos. El comité de huelga hizo llegar una carta al presidente Pedro Sánchez el pasado 16 de enero con la pretensión de alertar precisamente sobre esto. El objetivo es solventar la desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los funcionarios de la Administración del Estado de mayor rango, los A1, como los jueces o los fiscales.