• FECHA: 14 de octubre de 2019
• MOTIVO: Publicación de la sentencia del “Procés”
• CONDENAS: Penas de cárcel de entre 9 a 13 años de prisión
• DELITOS: Sedición, malversación y desobediencia

La publicación del fallo del Tribunal Supremos desencadenó casi un mes de protestas en las calles catalanas. Tuvieron especial intensidad en Barcelona, donde los disturbios se caracterizaron por un grado de tensión sin precedentes. Durante el día, la imagen era la de una ciudad casi normal. Por la tarde y sobre todo la noche, las cargas policiales, las barricadas de fuego, el lanzamiento de objetos y los disparos de pelotas de goma y FOAM eran la tónica en algunas calles.

Vimos las protestas ante la Jefatura Superior de Policía en Vía Laietana, o como un vecino tuvo que abandonar su casa junto con su bebé porque las llamas estaban amenazando el inmueble. Un año después de estas imágenes, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ha cambiado la vida de los líderes independentistas tras la sentencia?

LA CONDENA

Nueve líderes independentistas fueron condenados con penas de prisión. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, cumple la pena más alta por los delitos de sedición y malversación: 13 años. Los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolos Bassa, también están condenados por sedición y malversación, en este caso a 12 años, y Josep Rull y Joaquim Forn a diez porque fueron absueltos del delito de malversación. Sobre la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, está la condena de 11 años y medio de cárcel por sedición. Quienes afrontan la pena más baja son los líderes de l’Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con 9 años cada uno.

Todos cumplen condena en cárceles catalanas. Los hombres lo hacen en Lledoners, Barcelona, y las mujeres en Mas d’Enric, Tarragona, y Puig de les Basses, Figueres.

Eso sí, no han estado encerrados de forma ininterrumpida. El jueves 2 de julio de este año, las juntas de tratamiento de los respectivos centros penitenciarios concedieron a los presos del 1-O el tercer grado. El 17 de julio, amparados por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, salieron por primera vez de la cárcel en un régimen de semilibertad que les permitía pasar tres noches en casa y volver a la celda el lunes. La Fiscalía Provincial de Barcelona recurrió la medida y, 11 días después de entrar en vigor, un juez suspendió el tercer grado.

ALTERNATIVA A LA CONDENA: EL INDULTO

A mediados del pasado septiembre y estando al caer la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, el Gobierno abrió la puerta públicamente a indultar a los presos. Durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Junts per Cataluña, Laura Borrás, preguntó “¿qué medidas está tomando el Gobierno vista la deriva en la que está instalada la Justicia española?”.

En respuesta, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió la independencia de los jueces y el diálogo como única solución “al conflicto político”. Aseguró que el ejecutivo afronta “con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige la sociedad”, y que el Ministerio del que es titular está “tramitando los indultos” para los políticos presos sin precisar más.

Pero este no ha sido el único paso del gobierno hacia una alternativa a la condena del Supremo. El propio presidente, Pedro Sánchez, afirmó el compromiso del ejecutivo de “actualizar, modernizar y revisar” el delito de sedición del Código Penal. Delito por el que están en la cárcel nueve de los 13 condenados por el “procés”. Poco después, el Ministro de Justicia confirmó que dicha reforma se llevaría a cabo antes de que acabe el año.

Ni Sánchez ni Campo especificaron en qué consistiría el cambio entre las tres posibilidades existentes: la derogación, rebajar la condena o reformar el concepto de delito, es decir, cambiar su definición. En cualquier caso, cualquiera de los tres escenarios de la reforma tendría un efecto inmediato sobre las condenas de los líderes independentistas.

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LA INHABILITACIÓN DE TORRA Y HORIZONTE ELECTORAL

La reciente inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat es una causa judicial distinta al juicio del “procés”, pero tiene que ver con los políticos presos. Es el varapalo judicial al independentismo más cercano al primer aniversario de la sentencia. Y puede marcar el inicio de un proceso electoral para principios de 2021, en el que suenen nombres de algunos de los líderes independentistas ahora en la cárcel. Más todavía sabiendo que una de las posibilidades que barajaría el Gobierno sería actualizar el delito de sedición antes de la fecha electoral.