La llegada de la quinta ola a España ha abierto, otra vez, el debate de la vacunación ya abierto en durante el pasado mes de diciembre con la inoculación de las primeras dosis. En primer lugar fue Italia, cuando el pasado mes de marzo/abril obligó a vacunarse a los sanitarios. Ahora, hace escasos días se ha obligado a todos los profesionales sanitarios franceses y griegos de la covid-19.

En estos países, el hecho de negarse a la vacunación puede llegar a suponer una sanción económica considerable y, por supuesto, la suspensión temporal de empleo y sueldo.

La verdadera pregunta, es hasta que punto es posible aplicar esta medida en España y, en caso de que se ponga sobre la mesa, si sería completamente lícita y defendería los derechos constitucionales de la ciudadanía. A priori, la legislación defiende expresamente la voluntariedad de cada persona, pero también es cierto, que da pie a entender que puede tener matices para la vacunación forzosa.

Aún así, el éxito de la vacunación de sanitarios en España lleva a la conclusión de que es una medida que no tiene mucho sentido aplicar dado que el éxito es del 100% técnico entre los sanitarios. Obviando algunos casos muy aislados que no ponen en riesgo los datos aquí mostrados. Además, la población española no está especialmente agitada por el movimiento anti vacunas, el diario ABC publicó un estudio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) donde se exponía que en España apenas el 4% de la población se considera antivacunas: no se han inoculado, se oponen «filosóficamente» a ellas o las considera dañinas. Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, solo el 1,1% de la población entre 70 y 79 no tiene ninguna dosis puesta –aunque esto no quiere decir que la rechace–; el porcentaje asciende hasta el 3,6% entre los que tienen de 60 a 69 años, el grupo que más vaivenes ha sufrido durante la campaña tras los problemas reportados con el fármaco de AstraZeneca.

¿Es legal obligar a vacunar en España?

No, ahora mismo no. Desde el gobierno canario se estableció la propuesta, una propuesta que, obviamente, no prosperó, aunque desde el Gobierno central se dijo literalmente que se estudiaría la proposición.

Por otra parte, al ser mayor el número de comunidades que avanzaban con esta propuesta, se ha tenido que pronunciar al respecto el Tribunal Constitucional (TC). Se prevé que de cara a futuras pandemias se establezca constitucionalmente una legislación para la vacunación, pero la legislación actual no lo permite. El TC fue claro y dijo que que la vacunación obligatoria no es una medida preventiva, al menos por ahora.

Al igual que se ha expuesto al inicio del artículo, también da pie la Constitución Española a que la vacunación obligatoria sea un norma más de esta pandemia., La Ley 3/1896 de medidas especiales en materia de salud pública, establece que “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas ante el riesgo de carácter transmisible”. Por lo tanto, por ahora es algo lejano, pero la legalidad de esto podría estar cada vez más cerca.