El pasado mes de abril, el Congreso aprobó la Ley 5/2018, que facilita el desahucio exprés de viviendas ocupadas ilegalmente. Una medida impulsada por el PDeCat y que salió adelante con los votos de PP, Ciudadanos y PNV.

En el preámbulo, dicha ley reconoce que, si bien es cierto que durante los últimos años de crisis, se han producido en España numerosos desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica o exclusión social y que las Administraciones públicas han tomado medidas para luchar contra esos desalojos, también ha habido casos en los que los 'okupas' no eran personas con especial necesidad económica: "han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando la situación de necesidad social de familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad. Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos y para abandonarlas se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo."

En ese preámbulo se asegura también que los cauces existentes hasta la fecha para realizar esos desalojos eran demasiado lentos y perjudicaban a la víctima de la okupación. Por eso, reconoce que su objetivo es agilizar por la vía civil los tramites para devolver las viviendas a sus legítimos propietarios.

En el artículo único de la ley, que fue publicada por el BOE el 12 de junio, se modifican varios aspectos de la 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. La ley facilita la recuperación de la vivienda por parte del afectado, siempre que interponga una demanda y acredite la propiedad de la vivienda. Después de ello, los ocupantes ilegales tendrán cinco días para acreitar que su ocupación es regular. Si no, se dictará orden de desahucio en los próximos 20 días.