Hoy termina el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio a la Generalitat para cumplir la sentencia que obliga a los colegios a impartir el 25 % de las clases en castellano. Un fallo que se está intentando sortear con un decreto ley aprobado por la Generalitat este lunes, que busca proteger a los directores de los colegios frente a la sentencia y que puedan hacer frente a lo que califican de "injerenciasjudiciales motivadas por persecuciones ideológicas".

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RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Ante esta situación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha recordado que el plazo del 31 de mayo sigue vigente "y que en caso de que ese día los alumnos catalanes no estén recibiendo al menos un 25% de su docencia en castellano, se estará produciendo una quiebra del Estado de Derecho que deberá ser reparada de inmediato".

En este contexto consideran que tiene una especial responsabilidad el Gobierno de España, "que dispone de mecanismos para conseguir que la Generalitat ajuste su comportamiento a las exigencias constitucionales".

EL CASO DEL NIÑO DE CANET

En la mente de todos está el caso del acoso por parte del independentismo a un niño de cinco años de Canet de Mar, en Barcelona, cuya familia pidió que le impartieran ese 25% de enseñanza catalana en español. Un "aviso a navegantes para que a ninguna familia más se le ocurriera pedir bilingüismo ni la ejecución de la sentencia", según declaraba en Herrera en COPE, Ana Losada, presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe en Cataluña.

Los padres que piden bilingüismo "como poco se enfretan a un aislamiento social durante un tiempo porque en Cataluña decir que quieres más horas de castellano es decir automáticamente que estás en contra del catalán y de Cataluña. Es un mensaje que llevamos 30 años escuchando por la Generalitat, medios afines y partidos nacionalistas”, denunciaba Losada que reconocía que "romper ese tabú es muy difícil" ya que "a nadie le gusta estar delante de un tribunal, levantar la mano y pedir algo diferente.

CÓMO AFECTA EL REAL DECRETO A LA SENTENCIA DEL TSJC

En declaraciones a COPE.es , José Domingo Domingo, abogado de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, considera que el Real Decreto aprobado por la Generalitat "no es eficaz para dejar sin efecto el fallo de la sentencia" del TSJC. En su opinión, la ejecución de la sentencia es "fraudulenta", ya que "intenta llevar a efecto lo contrario de lo que ordenó el Tribunal", lo que "sitúa al consejero de Educación en una situación de desobediencia, con unas consecuencias jurídicas y personales graves para él".

QUÉ DEBE HACER UNA FAMILIA QUE VE COMO SE INCUMPLE ESE 25% EN SU COLEGIO

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El abogado ha dejado claro que el primer objetivo pasa por "la ejecución de la sentencia del TSJC de diciembre 2020 con carácter generalizado en el modelo educativo catalán con la presencia de las dos lenguas vehiculares; castellano y catalán". De esta manera, advierte "ya no sería necesario que las familias se singularizaran, algo que llevan haciendo en los últimos años y que conlleva un coste personal que queremos evitar".

En cualquier caso si la sentencia se incumpliera, habría que hablar con el centro educativo, "solicitar que se aplicara y forzar el cambio de modelo del proyecto lingüístico, que tiene que adaptarse a la realidad que exige el Tribunal".

Si pasado un tiempo sigue sin aplicarse, ya habría que "acudir a los tribunales para interponer las sanciones pertinentes contra el director del centro".

Ante esta situación, si este miércoles 1 de junio, "las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido por la sentencia, la Asamblea por una Escuela Bilingüe presentará escrito ante TSJC denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata".