Un ciudadano británico reclamado en Estados Unidos por su presunta implicación en una estafa piramidal que habría captado a más de 800 personas en todo el mundo para invertir hasta 57 millones de dólares en el alquiler de espacios de trabajo compartido ha rechazado este martes ante la Audiencia Nacional su entrega y ha subrayado su arraigo en España.

El reclamado, David A. K., fue detenido en Marbella (Málaga) en noviembre de 2022 en virtud de una orden internacional de detención expedida por el tribunal de distrito sur de Nueva York por delitos de fraude y pertenencia a organización criminal.

La Audiencia Nacional ha celebrado este martes una vista de extradición en la que él ha rechazado su entrega y ha señalado que lleva siendo residente comunitario en España desde mayo de 2010 y que su empresa, desde la que se le acusa haber participado en la estafa, es también española.

Está relacionado con una estafa piramidal en torno a la extinta compañía de espacios de trabajo compartido denominada "Bar Works", constituida en 2015 en Delaware y liderada por Renwick Haddow, implicado también en el fraude.

La presunta estafa tuvo lugar entre 2015 y 2017, según la petición de extradición de EEUU, que lo acusa a él y a sus "cómplices" de captar inversionistas mediante información falsa.

Fueron, según el escrito, más de 800 los inversionistas captados en todo el mundo "para invertir hasta 57 millones de dólares" para alquilar espacios de "coworking" o cotrabajo operados por esta compañía con una supuesta ganancia "garantizada" del 14 al 16 % anual.

Los inversionistas pagaban entre 22.000 y 30.000 dólares para comprar un arrendamiento y después lo subarrendaban a un afiliado de la empresa. Sin embargo, "Bar Works" funcionaba, según el escrito, como "un esquema de engaño piramidal", que pagaba a los inversionistas con dinero de nuevos inversionistas. Colapsó en 2017 dejando millones de dólares de pérdidas.

A través de la red de agentes de la sociedad United Property Group , con sede en España, Estados Unidos calcula que el reclamado y el propietario de la empresa "reclutaron a más de 100 víctimas que invirtieron aproximadamente 7,5 millones de dólares en este esquema", y cifra en 2 millones de dólares el dinero que recibió el reclamado "y un cómplice" en comisiones.

La Fiscalía ha ratificado su apoyo a la entrega a Estados Unidos al considerarlo "acorde a derecho" en base a su supuesta participación en este esquema piramidal.

La defensa ha argumentado que Estados Unidos no es el país competente para juzgar al reclamado, pues la empresa desde la que se le acusa haber participado en la presunta estafa tiene sede en España.

Es decir, ha explicado, se trataría de "hechos cometidos por un residente comunitario español" en una empresa con sede española, en la que no hay víctimas españolas.

La Fiscalía, no obstante, ha refutado dicho argumento al considerar que, aunque parte de los hechos se habrían cometido desde España, "la parte principal" se cometió en Estados Unidos, donde se constituyó la sede de la compañía "Bar Works", desde la que se habría perpetrado la estafa.

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Además, las comisiones que habría recibido el reclamado por captar inversores se pagaron a una cuenta de Reino Unido, ha indicado la fiscal.