Solo los gobiernos puede promulgar un decreto ley y el artículo nº 86 de la Constitución española detalla que debe ser en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”. De hecho, en muchos países occidentales se les conoce como decretos de urgencia y, en España, no pueden vulnerar derechos fundamentales como los recogidos en las leyes orgánicas o el Derecho Electoral general. Se trata de una excepción al principio de separación de poderes ya que le corresponde al poder Legislativo aprobar normas y no al Poder Ejecutivo.

Tienen ese límite en el contenido de la materia que regulan, pero no en el número de veces que se utilice. El problema con el que nos encontramos, reconoce en COPE Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada es que “este tipo de norma solo puede ser controlada por el Tribunal Constitucional que, si emitiera sentencia en un plazo breve de uno o dos meses diciendo que no hay extraordinaria urgencia ni necesidad y el decreto es inconstitucional, lógicamente, dejarían de usarlo los gobiernos. Lo que ocurre es que, como las sentencias llegan hasta dos años después, no sirven para nada”.

El caso más llamativo y reciente lo vimos con la sentencia del TC que anulaba la incorporación del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de un decreto ley sobre la COVID. La sentencia se hizo pública en mayo de 2021, pero su efectividad fue nula porque Iglesias había abandonado el Gobierno en marzo de ese mismo año.

Una situación bien distinta se producjo con la frustrada reforma judicial exprés que impulsó Sánchez para intentar renovar el Tribunal Constitucional. El recurso de amparo del PP logró suspender de forma “cautelarísima” su tramitación parlamentaria, aunque el presidente del Gobierno prevé sortearlo ahora con una proposición de ley.

El próximo que verá la luz será el tercer decreto-ley con medidas anticrisis que entró en vigor el pasado uno de enero de 2023 y que suprime la ayuda de 20 céntimos en los combustibles e incorpora la rebaja del IVA en algunos alimentos.

Tanto para este caso como para el resto de medidas aprobadas por este procedimiento, el profesor Agustín Ruiz comenta en COPE que “si una ley se hace ordenadamente, con una información previa a los ciudadanos, la materia se discute y los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho de crítica. Pero si la materia no se discute, nos han quitado un derecho ante las nuevas leyes”.

SÁNCHEZ BATE RÉCORD

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha multiplicado por 14 el volumen de páginas en las normas no parlamentarias con respecto al Ejecutivo de Aznar (1996-2004), por 3 al de Rajoy (2011-2018) y 8 veces a la época en Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), como se demuestra en el reciente informe que ha facilitado a COPE la Fundación CIVIO y que detalla el volumen de páginas de decretos ley publicadas en los últimos 26 años.

De hecho, desde que Pedro Sánchez llegó al palacio de La Moncloa en 2018, el Consejo de Ministros ha aprobado 135 decretos-ley. Otro socialista, Felipe González, se acercó a esa cifra con la publicación en el BOE de 130, pero su mandato duró 14 años (1982-1996).

Si hacemos la comparación con los gobiernos de Partido Popular, José María Aznar gobernó durante dos legislaturas, 8 años, y aprobó 127 decretos ley, frente a los 107 que se aprobaron durante los 6 años y medio que presidió el Gobierno el popular Mariano Rajoy. Si calculamos la media de decretos aprobados desde queSánchez llegó al palacio de la Moncloa en 2018 sale una media de 33 al año, que son el doble de los que se aprobaron durante los gobiernos de Aznar o Rajoy.

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Con estos datos, el catedrático Ruiz Robledo afirma en COPE que “vemos que el gobierno de Sánchez ha batido récord, como si fuera una escalera en la que cada nuevo presidente sube un peldaño. Por eso yo digo que tenemos un parlamentarismo difuminado, donde lo extraordinario que es el decreto ley se ha convertido en lo ordinario”.

Gobernar a golpe de “decretazos” se ha convertido en una crítica generalizada entre los expertos jurídicos, pero si analizamos las normas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez vemos que también tiene el récord con 38 proyectos de ley tramitados por la vía de urgencia, 9 proposiciones de ley orgánica que podrían haber sido proyectos de ley e ir acompañados de los informes preceptivos o cerca de mil solicitudes de comparecencia en el Parlamentos que están pendientes de celebración.

PREDICAR CON EL EJEMPLO

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentaba durante el Debate del Estado de la Nación en 2015 lo que consideraba “gobernar a golpe de decreto” por parte de Mariano Rajoy y prometía que esa situación cambiaría cuando el PSOE llegara al poder.

Ahora comprobamos que, de los 135 los “decretazos” aprobados por el Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa., 35 fueron en el primer mandato, 7 en la legislatura corta de 2019 y 93 decreto-ley en la actual legislatura.

La Constitución llama a los decretos ley “disposiciones legislativas provisionales” y por eso, aunque los apruebe el Gobierno, tienen que conseguir luego el visto bueno del Congreso, que tiene que votar su convalidación o derogación en el plazo de un mes. La inmensa mayoría salen adelante (en los últimos 26 años solo 4 han sido rechazados en el Parlamento) o, incluso si se paraliza su tramitación en el Parlamento, siguen estando en vigor.

Como prueba, los 23 reales decretos paralizados actualmente en el Congreso, como el de la Ejecución de los Fondos Europeos (aplazado en 77 ocasiones), la ley de Vivienda, la de Protección Animal o la ley Mordaza. Se trata de los decretos más difíciles de aprobar por carecer del apoyo parlamentario suficiente o por la necesidad de introducir reformas poco atractivas para el electorado.

LEYES DE CONTENIDO IDEOLÓGIO

Los ejemplos más llamativos de como se ha legislado sin tener en cuenta al resto de partidos políticos y a los organismos competentes se pone en evidencia con la la Ley del Aborto o la de la Eutanasia. Esta última se aprobó en 2021 y la del aborto está pendiente de ser aprobada en el pleno del Senado el 7 de febrero de 2023, pero ambas tienen pendiente que el Tribunal Constitucional se pronuncie después de los recursos presentados por PP y Vox. Otras ley que fue tramitada por el procedimiento de urgencia y que está pendiente de su aprobación en el Senado es la conocida como Ley Trans que permitirá el cambio de sexo registral de forma autónoma, sin informe de especialistas ni consentimiento de los padres, desde los 16 años.

Sin embargo, el Gobierno de coalición utilizó otro recurso legislativo para reformar el TC y el Poder Judicial. Se trata de introducir enmiendas a la Ley Orgánica a través de la tramitación de otras normativas, lo que provocó la reacción del Partido Popular presentando un recurso de amparo por el que el Tribunal Contitucional frenó sus tramitación.

“Hemos acabado el año, reconoce en COPE el catedrático de Derecho Constitucional,con más decretos-ley que leyes y hemos convertido lo que la Constitución dice que es un procedimiento extraordinario en algo ordinario”.

Cuando ha sido evidente que usar la figura legislativa del decreto podría crear fisuras legislativas, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, ha echado mano de otras normas como la proposición de ley para subir los impuestos a las eléctricas, petroleras, gasísticas y la Banca. La característica de las proposiciones de ley radica en que no están sujetas al criterio de órganos consultivos que puedan poner negro sobre blando la deficiencias legales, sociales o económicas de la norma.