Este viernes el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aprobará en Consejo de Ministros el nombramiento de la expresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como nueva consejera electiva del Consejo de Estado.

La exvicepresidenta, que perdió en julio las primarias contra Pablo Casado por la presidencia del PP, y que abandonó la política el pasado 10 de septiembre, ocupará el puesto por un periodo de cuatro años, renovable.

Según dispone el artículo 9 de la ley reguladora del Consejo de Estado, “los consejeros electivos de Estado, en número de diez, serán nombrados por Real Decreto, entre quienes hayan desempeñado”, entre otros cargos, el de “ministro o secretario de Estado”. También el de diputado o senador, magistrado del Tribunal Constitucional o rector de universidad.

Junto a Santamaría se integran como consejeros electivos el exsenador de Iniciativa por Cataluña Verdes (ICV) Jordi Guillot, la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas y la exmagistrada del mismo órgano Elisa Pérez Vera. Siguen en el Consejo de Estado Juan José Laborda -expresidente del Senado y exdirigente socialista-, José María Michavila -ministro de Justicia de José María Aznar-, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona -ministro de los Gobiernos de Adolfo Suárez- y Amelia Valcárcel -catedrática de Filosofía e histórica feminista ligada al PSOE-. Dejan el órgano las exministras del PP Ana Palacio e Isabel Tocino, la exdefensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano y el exdiputado de CiU Manuel José Silva Sánchez. 

De entre los diez consejeros electivos, la ley dispone que “dos deberán haber desempeñado el cargo de presidente del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma por un período mínimo de ocho años”.

Las funciones que corresponden al cargo de Santamaría son más simbólicas que ejecutivas ya que los consejeros electivos no participan en la vida diaria del máximo órgano consultivo del Gobierno. Es por ello que Santamaría no emitirá dictámenes sobre leyes, sino que solo asistirá a los plenos. Su nuevo puesto no le exige dedicación plena, por lo que no percibirá un salario sino un máximo mensual de 974,16 euros por asistencia a plenos, que no cobrará si no acude a los mismos. Además, este cargo no es incompatible con el ejercicio de otra actividad.

El Consejo de Estado, que es el supremo órgano consultivo del Gobierno, cuesta cada año más de 10 millones de euros al erario público de los que 8,6 millones van destinados a satisfacer los sueldos del personal de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

El pasado mes de junio María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta y portavoz del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue nombrada por el Ejecutivo de Sánchez presidenta del órgano en sustitución de José Manuel Romay Beccaría, ministro de Sanidad de Aznar, siendo la primera mujer en llegar a la presidencia del Consejo de Estado.