El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, confirmaba este martes que el Gobierno tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes un decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica y blindar así el proceso de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco.

Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado y exdirector de la Policía advertía este mismo miércoles en 'Herrera en COPE' sobre el “abuso” que existe por parte del gobierno de Sánchez de los decretos ley.  Un abuso que se explica por la fragilidad en el Congreso de un gobierno con apenas 84 diputados llegado al  poder a golpe de moción de censura.

En total han sido seis 'decretazos' -siete contando con el de la exhumación de Franco- en los nueve Consejos de Ministros que lleva la legislatura socialista. Una técnica que ellos mismos afeaban a Rajoy desde la bancada de la oposición. Mucho decreto ley y ningún proyecto de ley, se han apresurado a echarles en cara los populares.

De esta forma, Sánchez ha usado la fórmula del 'decretazo' para renovar la cúpula de RTVE cesando a los nueve consejeros y a su presidente, José Antonio Sánchez.

El Gobierno también ha aprobado, vía decreto ley, la mayor oferta de empleo público en 10 años; 30.800 plazas entre las que se encontraban 323 vacantes extraordinarias para la atención a asilados y refugiados

Un tercer  decreto ley se centraba en el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, es decir que recuperaba la sanidad para a los inmigrantes irregulares y que suprimía otro Real Decreto, el 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Rajoy que acababa con esta universalidad.

Otro 'decretazo' por 'decretazo'. En esta ocasión sobre el Programa de Activación para el Empleo que también modificaba un decreto ley  de Rajoy y que daba luz verde a que cerca de 42.000 parados de larga duración pudieran seguir cobrando un subsidio de 430 euros.

También el pasado 3 de agosto se aprobaba un controvertido decreto ley por el que el Gobierno  modificaba la ley de violencia de género y que contemplaba eliminar la patria potestad. La asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda de mayor implantación en España, mostraba sus "dudas” sobre la constitucionalidad del decreto. Se trataba de la primera vez que se reforma el Código Civil mediante este instrumento.

Por último, el nuevo Ejecutivo ha aprobado un real decreto ley para adaptar el derecho español al reglamento general de protección de datos con diferentes medidas en relación a las competencias inspectoras y sancionadoras de la Agencia Española de Protección de Datos  (AEPD).