El Tribunal Supremo ha devuelto a un juzgado de Arrecife (Lanzarote) la investigación contra el senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés por la supuesta contratación irregular de un abogado en la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, aunque mantiene abierto otro caso por el que declaró el martes.

El también expresidente del Cabildo de Lanzarote acudió este mismo martes a declarar ante el magistrado Vicente Magro en relación a una supuesta contratación irregular en 2009.

Al margen de esta causa, el Tribunal Supremo recibió el pasado mes de febrero la exposición razonada del juzgado de instrucción número 4 de Arrecife (Lanzarote), en la que pedía investigar al aforado por otra supuesta contratación irregular, la de un abogado en las empresas públicas Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) y del Consorcio del Agua de Lanzarote.

Sin embargo, la Sala de lo Penal del alto tribunal no ha visto indicios suficientes en este procedimiento contra él y, por eso, ha rechazado admitirlo a trámite y lo ha devuelto al juzgado de Arrecife para que continúe investigando los hechos.

En su auto, el tribunal indica que el juez instructor que le remitió la exposición razonada no valoró los "indicios de participación" de San Ginés en los hechos presuntamente delictivos y que el relato que realiza no ofrece ningún principio de prueba que avale razonablemente la realidad de unos hechos que puedan ser constitutivos de delito.

El instructor, dice el Supremo, se limita a afirmar sobre la existencia de las denuncias formuladas e investigaciones, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos.

Al margen de esta decisión, continúa abierta la causa contra el senador por la que declaró el pasado martes como investigado supuestos delitos de falso testimonio y denuncia falsa.

Tras su declaración, San Ginés adujo ante los medios la "inequívoca intencionalidad política" de la denuncia contra él.

El Supremo asumió la causa después que San Ginés adquiriese la condición de senador por Canarias y pasase a ser aforado, en un auto en el que constató que existen indicios de que pudo haber cometido los delitos por los que le acusa la Fiscalía, que pide un año y medio de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena.

Estos hechos se remontan a 2009, cuando San Ginés denunció ante la Policía irregularidades en la contratación de determinados servicios cometidas por diversas personas, si bien, según la Fiscalía, las narró "con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma".