No hay atajos ni indultos que aplicar para el Tribunal de Cuentas. Los expresidentes de la Generalidad Artur Mas y Carles Puigdemont; los presos indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva; y otros tantos que, en este caso, no han sido procesados por la justicia, deberán responder ante los 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat'.

Ahora será el propio órgano fiscalizador el que se encargue de ejecutar la sanción bajo pena de embargo si los ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana no entregan en tiempo y forma los más de cinco millones de euros por la malversación cometida en esa promoción internacional del procés. Por tanto, la obligación legal para todos ellos es la de devolver el dinero público ilegalmente utilizado en esa red de propaganda exterior de embajadas para cumplir con la responsabilidad civil patrimonial asociada al delito de malversación por el que fueron condenados por el Supremo.

El Tribunal Cuentas mantiene la reclamación de 5,4 millones de euros y fija un plaza de 15 días

El Tribunal Cuentas, a pesar de la presión ejercida durante las últimas semanas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha acordado mantener la reclamación de 5,4 millones de euros y ha fijado un plazo de 15 días para que paguen esa fianza. La delegada instructora del caso en el Tribunal de Cuentas ha mantenido esta reclamación en el acta definitiva de liquidación provisional hecha pública este miércoles tras escuchar la posición de las acusaciones populares y de la Fiscalía, ya que la Abogacía del Estado ha optado por no intervenir en el proceso y no ha presentado alegaciones.

Aunque cabe la posibilidad de presentar recursos, no la hay de interrupción para los plazos de entrega de la fianza fijada en un plazo de 15 días hábiles y que concluirá el próximo 21 de julio. Habitualmente se da cierta flexibilidad temporal si se requieren avales o tasaciones y en el caso de que no depositar la cantidad exigida comenzarían a tramitarse los embargos.

El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria. El Tribunal de Cuentas disfruta de plena independencia para el ejercicio de sus funciones, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del Tribunal gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.