La Memoria Democrática representa uno de los proyectos estrella de Pedro Sánchez pero, en su puesta de largo, socava el engranaje de la Transición. De hecho, el Gobierno se ha visto en la tesitura de soslayar públicamente la ley de Amnistía de 1977. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha insistido en defender la investigación de “todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron desde el golpe del Estado de 1936 hasta la promulgación de la Constitución”.

Tal será el cometido de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática en el Tribunal Supremo que “investigará, impulsará, practicará diligencias” ante crímenes del franquismo. Está por ver su capacidad de actuación, precisamente, ante la vigencia de la ley de Amnistía. El propio ministro de la Presidencia ha admitido la existencia de “dificultades” para llevar a cabo investigaciones penales. “No se pueden aplicar normas penales a periodos previos a su promulgación”, algo que parece imposible ante los sucesos ocurridos durante el franquismo.

Así lo ha reconocido el mismo Bolaños que se ha escudado en un llamamiento a los grupos parlamentarios para mejorar la norma durante su tramitación en las Cortes. El riesgo de generar falsas expectativas a familiares de víctimas sobrevuela el proyecto de ley. La investigación se llevará a cabo, recalcan desde el Ejecutivo, aunque lo normal sea que los perpetradores de las violaciones de derechos humanos estén ya fallecidos. Sea como fuere, el Ejecutivo ha podido encontrarse en su andadura con avisos varios. Entre otros, una reciente sentencia del Supremo que dejaba la persecución de hechos de la Guerra Civil en manos de los “historiadores”.

El futuro del Valle de los Caídos sigue escribiéndose. El Gobierno quiere resignificar el enclave como un cementerio civil sin que ningún resto mortal ocupe un lugar preeminente. Tras la exhumación de Francisco Franco, llegará el turno de José Antonio Primo de Rivera. A partir de ahí, ¿qué hará? De creer al Gabinete, la decisión última está por tomar, más allá de repetir la voluntad de convertir el Valle en un lugar de memoria. “Es una basílica. Es un lugar de culto. Tendremos que presentar en su momento un proyecto concreto que responda a los valores democráticos y defensa de los derechos fundamentales”, según ha sostenido Bolaños. También queda por dilucidar el destino final de laemblemática cruz que ya ha sido motivo de debates en el seno del Gobierno.

El texto prevé una futurible disolución de la Fundación de Francisco Franco, declara nulas condenas del régimen, prevé las exhumaciones por cuenta del Estado, la creación de un censo de víctimas, además de incorporar multas de entre 200 y 150.000 euros para los incumplidores. Los contenidos se estudiarán en secundaria, bachillerato y formación del profesorado. Con esta ley, de 65 artículos, el Gobierno remacha que su pretensión es “cerrar una deuda de la democracia con el pasado” y “fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y ampliación de derechos humanos y libertades constitucionales”.