Las negociaciones entre La Moncloa y ERC han venido sucediéndose fuera de los focos desde hace semanas con el abaratamiento de la malversación y todos los pasos han sido acordados para que ambas partes salven la cara ante sus respectivas opiniones públicas. El propósito último de los independentistas ha sido ajustar el tipo penal a los condenados o encausados por el procés, pero el Gobierno ha necesitado pulir la iniciativa para asegurarse, en el camino, un pretendido cerrojazo a interpretaciones judiciales que conlleven una reducción de las penas de condenas en otros casos.

El reto del equipo de Pedro Sánchez ha sido hallar una redacción alternativa a la enmienda del socio preferente que, en ningún caso, sea un coladero. La experiencia de las fisuras de la ley del “Solo Sí es Sí” ha servido, a decir del ala socialista, para obrar “con mucho cuidado”, “dando muchas vueltas” a cómo proceder, con distintas opciones sobre la mesa. Objetivo final: Cubrirse todos los posibles flancos. “Nada de relajarnos”, admitían desde La Moncloa en medio de las consultas jurídicas, llamadas, mensajes, borradores, … Y, con todo, las "garantías absolutas de éxito - previenen voces internas - están por verse", aunque se incluyan disposiciones contra la modificación de penas en casos ya juzgados en los que las condenas entren dentro de la horquilla de la nueva redacción.

La intentona de cuadrar el círculo ha llevado a pergeñar un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvió irregular del presupuesto de una administración pública. La iniciativa, en manos desde este lunes de PSOE y UP, permite rebajar las penas del actual Código Penal para ese supuesto que establece hasta 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación. La fórmula ad hoc para los líderes del procés permitirá, por su aplicación retroactiva, a Oriol Junqueras acelerar su regreso institucional. El Ejecutivo cree cubiertas sus espaldas ante otros supuestos con el añadido además del novedoso tipo delictivo del enriquecimiento ilícito con un castigo de hasta 3 años de cárcel para cargos públicos que sean incapaces de justificar un lucro de más de 250.000 euros. Incluso sacan pecho de la lucha contra la corrupción.

Sánchez, “a por todas”

“A por todas”. Fue la sentencia pronunciada por Pedro Sánchez ante los suyos en el Comité Federal del PSOE celebrado a finales de julio todavía con la herida abierta en carne viva del batacazo electoral en Andalucía y, desde luego, su propósito estaba lejos de únicamente insuflar ánimos a sus huestes. Ya saben propios y extraños cómo se las gasta el Presidente. Y ha servido el golpe al Poder Judicial a través de enmiendas a la revolución en ciernes del Código Penal.

El salto “se ha diseñado con el objetivo de aprobarse y aplicarse”, defienden a COPE desde La Moncloa. Haga lo que haga el Consejo General del Poder Judicial ante la demanda de los vocales conservadores de un pleno extraordinario antes de que la reforma quede aprobada y entre en vigor. El Ejecutivo va a poner plazos de días al CGPJ para que, sin necesidad de una mayoría de tres quintos como hasta ahora, designe su cuota de dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Cada vocal sólo podrá apostar por un candidato y resultarán elegidos los dos nombres que obtengan mayor número de votos.

Los miembros del órgano de gobierno de los jueces que incumplan el nuevo mandato afrontarán responsabilidades de todo tipo, incluidas las penales. Sin contemplaciones. “Hasta aquí hemos llegado”, apelan en el ala socialista del Gabinete. El desbloqueo podrá llegar en cuestión de una decena de días hábiles tras la publicación en el BOE de la reforma. En paralelo, se priva al Constitucional de su facultad de verificar la idoneidad de los nuevos nombramientos para que el otrora ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Diez, ex alto cargo de La Moncloa, asuman inmediatamente su nueva condición de magistrados.

Mutis de los barones

En las federaciones del PSOE tienden al desmarque ante la rebaja de la malversación. Puertas adentro, cargos territoriales temblaban ante “un pleno al quince” tras haber emprendido el borrado de la sedición. Hay quejosos de que Sánchez “haya hecho oídos sordos ante el clamor” en contra del partido en puertas del ciclo electoral. Sin embargo, Ferraz ha recetado “cautela” hasta conocer todas las novedades de la reforma. Semanas atrás, los barones ya hicieron visibles sus críticas a tocar la malversación. Con las urnas a la vuelta de la esquina, muchos optarán por poner de manifiesto que ellos van por un lado y Sánchez por otro.

El Presidente ha marcado el rumbo y desembarcaba en Barcelona aprovechando la puesta de largo su candidato a la alcaldía de Barcelona para, al ritmo de “Simply the best” de Tina Turner, envolver sus concesiones en las proclamas por la “convivencia en Cataluña”. Pedro Sánchez está convencido de que nada de su personal apuesta le pasará factura en el ciclo electoral. Al contrario. Lo cree un activo, pero, por si acaso, dejará aprobado el nuevo Código Penal en cuestión de días, este próximo jueves. Será de nuevo en un Pleno extraordinario del Congreso para su rauda remisión al Senado y en una semana, el siguiente jueves día 22, previsible vuelta a la Carrera de San Jerónimo donde recibirá la luz verde definitiva antes de la llegada de 2023. Son los cálculos de La Moncloa.

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