La determinación de Pedro Sánchez de atar la Legislatura sobre independentistas, proetarras y demás radicales quedó plasmada en la luz verde a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Aún quedan por delante dos meses de andadura parlamentaria, pero La Moncloa ya puede descontar la aprobación de unas cuentas públicas vendidas por el presidente del Gobierno bajo el salmo de “progresistas y de país”, de “unidad” y de “consenso”.

“Consenso”, tras evidenciar su nula visión de Estado, es el mantra exigido por Sánchez a Pablo Casado ante la aspiración de volver al pasado verano y, sobre las premisas del acuerdo cerrado “al 99%” entre ambos, “a falta de poner sobre la mesa un solo nombre por parte del PP”, según pudo saber la Cadena COPE de fuentes solventes, renovar los órganos pendientes, desde el CGPJ al Tribunal Constitucional pasando por el Defensor del Pueblo o RTVE.

Tras saltar aquel enjuague por los aires, la obcecación del jefe del Ejecutivo lo empujó a lanzar un órdago a la grande con una reforma de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para excluir del reparto de la tarta judicial a los populares. La propuesta pasaba por elegir a 12 de los 20 vocales del CGPJ a través de una modificación de la ley orgánica que rebajase la mayoría de tres quintos a una absoluta, mientras los otros 8 vocales seguirían sin poder ser renovados por dictar la propia Constitución la necesitad de contar con los tres quintos.

En definitiva, un órgano de gobierno de los jueces partido en dos, con perfiles nuevos frente a otros caducados. Sánchez hubo de guardarse su amenaza tras encender las alarmas de Europa. Ahora, la expectativa gubernamental es sellar un acuerdo global con el PP antes del Puente de la Constitución, a distancia sobrada de las elecciones en Cataluña del 14 de febrero. Otros vaticinios en La Moncloa enfrían tal perspectiva para fiar la fumata blanca a las Navidades o ya, directamente, la trasladan a después de las urnas catalanas.

Las presiones de toda índole resultan máximas, conceden los populares que, sin embargo, se reafirman en sus líneas rojas, esto es, la retirada del registro del Congreso de los Diputados de la reforma del PSOE-Podemos, la exclusión de las siglas de Pablo Iglesias del proceso de negociación y la despolitización a futuro de la elección del CGPJ y la Fiscalía. Con todo, el teléfono opera entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el popular Enrique López.