La magnitud de la pandemia en la nueva oleada vuelve a poner a prueba al país tras llevar a Pedro Sánchez a decretar en Consejo de Ministros extraordinario el estado de alarma nacional, sin asumir el mando único, de entrada, por 15 días, tal y como le faculta la Constitución, pero la reunión ordinaria del Gabinete de este martes aprobará una prórroga de 6 meses, hasta el 9 de mayo, que será remitida a las Cortes. El presidente se escudó en los expertos para solicitar ese tiempo, necesario “para superar la segunda ola y la etapa más dañina de la pandemia”.

Y ahí, Sánchez pidió contar con “el abrumador respaldo” de todos los grupos parlamentarios. Por ahora, hecho el tanteo previo por parte del Gobierno, ya podría tener asegurada una mayoría suficiente gracias a CS, PNV, JxCAT y ERC. El jefe del Ejecutivo conversó telefónicamente con Pablo Casado, pero eludió relatar la respuesta obtenida del líder del PP. Únicamente, trasladó estar “ante una cuestión de Estado” y, por tanto, “los partidos políticos que se califican de Estado deben pensar seriamente en apoyar una medida tan extraordinaria”.

El estado de alarma aprobado incluye un toque de queda general desde las 23:00 horas a las 6:00 horas, a cumplir salvo por razones justificadas como adquirir medicamentos, ir al trabajo o cuidar a personas, una franja que las comunidades podrán adelantar o atrasar, pero solo 1 hora durante los próximos 15 días. Quedan exentas las islas Canarias. El resto de regiones deberán a esperar a la prórroga de 6 meses que incluirá mecanismos para levantarlo. También va a depender de las circunstancias que las autonomías confinen bien todo su territorio o bien unos municipios concretos. Al mandatario de turno corresponderá, por ejemplo, dar vía libre o no a los viajes durante las Navidades.

Y es que la clave de esta alarma es su diferencia al decretado el 14 de marzo cuando el Estado asumió el total control de la lucha contra el virus. Sin mando único, la gestión queda en manos de las comunidades. Aun así, es intención del titular de Sanidad, Salvador Illa, rendir cuentas ante el Congreso cada 15 días y los responsables autonómicos harían lo propio en sus respectivos parlamentos. Toda vez al criterio de cada territorio corresponde adoptar las demás decisiones, ahora ya sin temor a ser tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de turno.

El objetivo del Gobierno ha pasado por ofrecer un paraguas legal único para desplegar las medidas acordadas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, con el refrendo de cuatro niveles de riesgo, con diferentes grados de restricciones en función de la gravedad, siendo extrema a partir de 250 contagios por 100.000 habitaciones. Todas, salvo la restricción de la movilidad nocturna que quedó en el aire en la cita del Ejecutivo con las regiones y vino impuesta por decreto. En sus manos sí está modular, pero siempre a la baja, la limitación de reuniones a un máximo de 6 personas, siempre y cuando no sean convivientes.

Con la foto fija actual, “valoraremos los pasos, descartando poner en riesgo los avances”, aseveran desde el equipo presidencial, dejándose abiertos todos los escenarios, pero siempre centrando los esfuerzos en “la responsabilidad de todos”, situando en el criterio sanitario y en manos de las comunidades las acciones por venir. Asumida la gravedad, el Presidente ya alertó de “semanas”, “meses”, “duros, muy duros”. Intramuros de La Moncloa venían haciendo sus cálculos sobre cuanto más podrían aguantar sin entrar en acción, conscientes de que deberían moverse con rapidez una vez diese Sánchez la orden.