El Parlamento de Cataluña ha aprobado este viernes varias propuestas de resolución en las que "reprueba" al rey Felipe VI y también al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que considera la "huida" del monarca emérito Juan Carlos I.

La reprobación de Felipe VI y del Gobierno de PSOE-UP ha sido aprobada con los votos conjuntos de las tres formaciones independentistas catalanas -JxCat, ERC y la CUP-, que cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico.

Ambas reprobaciones estaban incluidas en una de las propuestas de resolución de la CUP, y en el texto se recuerda que Juan Carlos I "fue nombrado heredero del régimen fascista del dictador Francisco Franco" por lo que juró dos veces "las Leyes Fundamentales" y "los Principios del Movimiento Nacional".

También se señala que "la monarquía borbónica ha sido y es un pilar crucial para la persecución de los derechos del pueblo catalán y contra la construcción de la república catalana, como quedó demostrado con el aval de Felipe VI a la represión policial contra el referéndum del 1 de octubre de 2017".

Después de indicar que "en Cataluña existe una amplia mayoría a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación a través de un referéndum, y en contra de la monarquía", en la resolución se expresa el rechazo "a la monarquía borbónica".

Dicho rechazo se produce al considerar que se trata de una "institución caduca, profundamente antidemocrática, corrupta y heredera de la dictadura franquista y representante de los intereses económicos y políticos de las élites dominantes y las oligarquías del Estado español".

Esto lleva al Parlamento catalán a "reprobar al rey Felipe VI y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas y las figuras institucionales del jefe del Estado y jefe de las Fuerzas Armadas para el disfrute personal y el beneficio privado".

Esta medida, no en vano, no va a ser pública la resolución del Boletín Oficial del Parlamet, tal y como ha explicado en la mesa de portavoces el letrado mayor de la Cámara, Joan Ridao. Este ha pedido no hacerlo por las consecuencias legales que esta maniobra podía tener. Solo JxCat ha querido publicar esta medida en el BOP, para tensar las relaciones entre Ejecutivo y Govern.