El Gobierno francés se ha lanzado a una ofensiva para convencer a los sindicatos de que se sienten a negociar sobre una serie de "temas esenciales" como el poder adquisitivo o los servicios públicos, pero excluyendo las pensiones que son las que han provocado la crisis política y social. "La ley sobre las pensiones está detrás de nosotros", ha afirmado este lunes el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, en una entrevista al canal BFMTV en la que recordó que una vez adoptada, el Consejo Constitucional debe pronunciarse sobre su validez en las próximas cuatro semanas.

Véran, más allá de reconocer que para los sindicatos retrasar con esa ley la edad mínima de jubilación actual de los 62 años a los 64 es "una línea roja", se esforzó en subrayar que "eso no debe impedirnos hablar de todo lo que importa a los franceses". Por eso, se mostró convencido de que "en unos días o en unas semanas como mucho, vamos a reunirnos en torno a una mesa" para discutir de otros asuntos como los salarios o la reconversión profesional.

Esa convicción choca con los planes de las centrales sindicales, que este martes convocan la que será su décima jornada de movilización contra la reforma de las pensiones, la segunda desde que la ley se adoptó por decreto, con un mecanismo constitucional, el artículo 49.3, que le evitó al Ejecutivo someterla al voto en la cámara de diputados, donde no tenía una mayoría suficiente. Choca también con los paros que llevan semanas en el transporte público, en las refinerías, en la producción de la electricidad o en la recogida de basuras y con el riesgo de que mañana vuelvan a producirse altercados al margen de las manifestaciones, protagonizados por grupos extremistas.