Este 7 de noviembre Nicaragua está llamada a las urnas en unas elecciones generales tildadas de "farsa electoral" por la oposición y gran parte de la comunidad internacional en las que el que fuera dirigente de la revolución sandinista Daniel Ortega se hará, previsiblemente, con el mandato, acumulando el poder durante cinco años más. En estas elecciones Ortega, quien ya gobernó entre 1979 y 1990, busca su tercera reelección seguida, para un cuarto periodo consecutivo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Más de 4,4 millones de nicaragüenses están convocados para acudir a las urnas este domingo, con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. En las elecciones no podrán participar tres partidos opositores por decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras que siete aspirantes a la Presidencia por la oposición fueron encarcelados en los últimos meses y dos optaron por el exilio tras conocer órdenes de captura en su contra.

Opositores encarcelados

El actual presidente inició hace unos meses la persecución de sus opositores políticos para evitar la competencia electoral y se ha asegurado de que no haya ninguna sorpresa en los comicios, como ya le pasó en 1990 con una derrota inesperada ante una alianza de la oposición que con Violeta Chamorro a la cabeza le arrebató la Presidencia.

En octubre de 2020 diseño un marco jurídico mediante el cual poder meter en prisión tanto a opositores como a críticos con la aprobación de la Asamblea Nacional, el organismo que controla tres leyes (Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo) que han acabado con los derechos políticos y las libertades públicas, y que ampliaron la capacidad de Ortega para acusar a diferentes actores políticos de traición

Bajo estas leyes, los aspirantes a la presidencia, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Miguel Mora han sido acusados por el Ministerio Público de lavado de dinero, conspiración y traición a la patria. Además, otros 32 líderes fueron arrestados arbitrariamente, según cuenta la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Nuñez a 'Newtral'. También periodistas, activistas y figuras opositoras han sido objeto de estos arrestos en los meses previos a las elecciones.

Para lograr hacerse con la presidencia de Nicaragua es necesaria un mínimo de un 35% de votos en unos comicios que se celebran a una única vuelta, por ello, la oposición ha pedido que la gente no vaya a votar, bajo el lema "ciérrale la puerta a la dictadura, quédate en casa".

El testimonio de un abogado y miembro de un movimiento opositor en COPE

COPE ha hablado con Juan Diego Barberena, abogado y miembro del Consejo Político de unidad nacional azul y blanco, el movimiento opositor más amplio de Nicaragua, que ha explicado cuál es la situación actual en la que se encuentra el país, antes de celebrarse las elecciones de este domingo.

"Estas elecciones no tienen ningún sentido y no sirven para la mayoría del pueblo nicaragüense, que esperaba que esto fuera la solución de una crisis política y social que estamos desde hace más de 3 años", explica con rotundidad y añade que solo sirve "para que la dictadura se perpetúe en el poder".

Barberena confirma que, en el país esperan que los resultados ratifiquen a Ortega en un proceso sin ninguna garantía, que va a aislar aún más a Nicaragua. "Creemos que es un hecho notorio que el proceso va a ser ilegítimo y que la competencia política está anulada. Hay un estado de sitio que impera en las calles porque están anulados los derechos y libertades fundamentales. Además hay una redada desde hace unos días a aquellos que han cumplido el quedarse en casa, de la oposición", explica.

Respecto a la situación actual de la oposición, el abogado ha querido destacar que han conseguido mostrarse unidos, superando sus contradicciones, para intentar formar un frente común contra la dictadura.