Al menos 29 personas murieron este viernes en un confuso motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa (centro), que tiñó de rojo de nuevo las cárceles del país, pues en 2017 y 2018 se produjeron reyertas similares que se saldaron con 39 y 68 fallecidos, respectivamente.

Aunque las autoridades no se han pronunciado de forma oficial para informar los detalles del caso, una fuente del Ministerio Público (MP, Fiscalía) confirmó  que en el motín, que se produjo en los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, que forma parte del municipio Páez, murieron 29 personas y otras 19 resultaron heridas.

Según la misma fuente, la Fiscalía se encuentra investigando el incidente, si bien no aclaró los avances de las pesquisas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que defiende a los reos, ha responsabilizado de este hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado en 2011 por el Gobierno para atender los problemas del sector y encabezado por Iris Varela.

Posteriormente en un comunicado, esa ONG indicó que las muertes son resultado de un conflicto que había en la comisaría desde hace al menos diez días entre la policía y los reos, quienes pedían que se permitiera el alojamiento de las visitas en el interior del recinto.

Los presos exigían el cambio del director de la comisaría, Guillermo López; que se permitiera la visita de grupos evangélicos y deportivos, así como la entrada de materiales para la construcción de una piscina, de cigarrillos y bebidas alcohólicas. La ONG señala que ninguna de estas peticiones fue concedida y que por ello exigieron la presencia del fiscal superior del MP, Amarilis Pérez, y de la defensora del pueblo regional, Raquel Vera.

Finalmente, los enfrentamientos con "fuego cruzado" entre los funcionarios policiales y los presos comenzaron el jueves cuando murió Wuislandi José Medina Pineda en unas circunstancias que aún no están claras debido a que, según el OVP, las autoridades y los familiares ofrecen versiones distintas.

"Durante toda la noche del 23 de mayo y madrugada de 24 de mayo se escuchaban detonaciones en el lugar (...) fue a las 10 de la mañana (14.00 GMT) cuando comenzaron a sacar los cadáveres y heridos", indicó el OVP que elevó a 30 los fallecidos, dato que no ha confirmado la Fiscalía.

La Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por la oposición, expresó su rechazo a los hechos violentos ocurridos en los calabozos de la comisaría y advirtió que lo sucedido "es consecuencia de las malas políticas carcelarias implementadas" por el Gobierno.

"Desde la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional hemos rechazado el uso de comandos de policiales (...) como cárceles paralelas. En todas se violan los derechos humanos, hay hacinamiento y no cuentan con funcionarios capacitados para atender privados de libertad", indicó el diputado Robert Alcalá en Twitter.