En medio de tanta polarización es todo un hito que representantes de Comunidades Autónomas gobernadas por diferentes partidos hayan sido capaces de firmar un manifiesto conjunto, en esta ocasión para pedir al Gobierno que las tenga en cuenta de manera prioritaria a la hora de la financiación. Se trata de una suerte de G-8 de la llamada España vaciada, cinco comunidades del PSOE, dos del PP y otra del PRC, que se han reunido en Santiago de Compostela para hacerse oír, de manera que la emergencia demográfica prevalezca a la hora de prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios. Esta asimetría, que ya existe de facto por otros motivos distintos a los poblacionales, exige tomar en serio la cuestión de la cohesión territorial, que, como le sucede a la marca “España vaciada”, corre el riesgo de quedarse que un eslogan eficaz para el marketing, que no tiene traducción real cuando se trata de bajar al terreno de la gestión política.

Es evidente que tenemos un grave problema demográfico, que se hace particularmente acuciante en algunos territorios. Lo es también que algunas de las políticas de las que más presume este Gobierno, no solo no lo tienen en cuenta, sino que son, en ese sentido, abiertamente lesivas. Justo ahora que el Ejecutivo se entrega a pagar todo tipo de peajes a sus socios radicales para sacar adelante los presupuestos, es un buen momento para recordar que cuestiones como la justicia social y el bien común no pueden ser palabras vacías.