La ausencia del Rey Felipe VI en la entrega de los despachos a los miembros de la última promoción de la Escuela Judicial, en Barcelona, ha producido perplejidad e irritación en la judicatura, especialmente cuando se ha verificado que obedece a una decisión del gobierno. No son de recibo las explicaciones de que se trataba de proteger al Rey. Con decisiones de este tipo, el Ejecutivo contribuye a desgastar a la institución, limitando su presencia pública y levantando una sombra de sospecha sobre su función constitucional. Pedro Sánchez se convierte así en ejecutor de las aspiraciones del vicepresidente Iglesias, que no esconde su pretensión de avanzar hacia una república plurinacional. También es grave que la causa de la ausencia del Rey en Barcelona obedezca a las cesiones de Sánchez al independentismo, que identifica a la Corona como un baluarte contra sus pretensiones.

Seis vocales del Consejo General del Poder Judicial han emitido un comunicado en el que recuerdan que en la España democrática la justicia emana del pueblo pero se administra en nombre del Rey. La presencia del Rey en ese acto no es meramente protocolaria, simboliza el respeto escrupuloso a la separación de poderes y un aval acreditado a la independencia de la judicatura. La ausencia del Presidente del Tribunal Constitucional y la crítica del Presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ilustran el malestar creciente entre los jueces. Sánchez sigue tensionando la estructura del Estado de Derecho, con consecuencias que serán muy graves.