La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha presentado un informe demoledor sobre una de las conculcaciones más evidentes del Estado de Derecho en Cataluña. Según esta asociación civil, ni un solo colegio ni instituto público catalán cumple con la obligación de que un 25% de la enseñanza se ofrezca en castellano. Por lo tanto, los proyectos lingüísticos vigentes en Cataluña están fuera de la ley, porque promueven la segregación y no cumplen lo que estipula la LOMCE y lo que ha confirmado la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo sobre la presencia equilibrada del catalán y del castellano en la enseñanza.

La pasividad de los gobiernos respecto de la defensa de un derecho básico de todos los españoles, el uso de la lengua común para la educación en todo el territorio nacional, es una claudicación evidente de una de sus funciones más elementales, y muestra la debilidad ante la presión nacionalista, debilidad agudizada en los últimos meses de gobierno de Sánchez.

La marginación del castellano en las aulas es un recurso para desarraigar a las nuevas generaciones de cualquier vínculo cultural, social e intelectual con España. Es también una forma de inocular un nacionalismo ajeno a la verdad de la historia, que falsea las expectativas y las esperanzas de una sociedad. Además esta situación está agudizando la crisis de convivencia  en Cataluña, por el efecto discriminatorio sobre los que reivindican la libertad de utilizar el castellano como lengua vehicular en la educación de sus hijos.