Nadie pone en duda la necesidad de todo gobierno de negociar acuerdos para sacar adelante las leyes que definen una legislatura, especialmente los Presupuestos Generales del Estado. Pero hay cosas que resultan incomprensibles desde punto de vista político y moral. Por ejemplo que se fíe la estabilidad de la legislatura a un acuerdo con los independentistas catalanes que han intentado un golpe de estado, y que el acuerdo incluya un compromiso con ellos para obligar a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos a los madrileños. O que se ceda a la pretensión del PNV de desmantelar los emblemáticos cuarteles de Loyola, que quizás sea un primer paso para desalojar al Ejército del País Vasco, un objetivo acariciado por el nacionalismo.

También esta semana, para no poner en riesgo su alianza con Podemos, Sánchez ha dado marcha atrás en su propósito inicial de excluir a Pablo Iglesias de la comisión encargada de repartir los fondos europeos de lucha contra la pandemia. Unos fondos que se encuentran todavía en el aire por el veto de Polonia y Hungría, y aún se desconoce el criterio definitivo que aplicará Bruselas a la hora de administrarlos, aunque en principio deben destinarse a proyectos de inversión en sectores productivos y no al gasto corriente. En todo caso, pasado el trámite presupuestario, hay que prepararse ya para la réplica de Madrid a la compra de los votos separatistas con el dinero de los madrileños.