En medio del clamor popular en contra de los indultos que prepara el Gobierno para los condenados por sedición, aparece la Abogacía del Estado con un informe sobre el "caso Pujol", en el que exonera al expresidente de la Generalitat de Cataluña de la trama de corrupción montada por la familia durante décadas. Dependiente directamente del Gobierno, este organismo ya intervino en los inicios del proceso del 1-O al pedir que se juzgara a los independentistas por sedición y no por rebelión como pretendía el Tribunal Supremo, lo que implicaba una condena previsiblemente menos severa. Ahora reaparece en otro de los grandes procesos instruidos por la corrupción que acompañó el largo mandato de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, en lo que parece un indulto anticipado.

Se da la circunstancia de que la Abogada general del Estado ya destituyó, hace tres años, al que entonces era jefe del departamento Penal de los servicios jurídicos, Edmundo Bal, que se encargaba precisamente del caso Pujol, cuando se opuso al informe que rebajaba los delitos cometidos por los separatistas. Aunque ambos casos no están directamente relacionados, parece que el Gobierno pretende condicionar a la justicia en todo lo que se refiera a Cataluña, a costa de debilitar el Estado de Derecho. No obstante, el informe de la Abogacía del Estado tiene que ser valorado ahora por la Audiencia Nacional, que deberá dictar el correspondiente auto de apertura de juicio oral.