El afán del Gobierno por sacar adelante leyes con especial carga ideológica, hurtando el imprescindible debate público, hace que muchas no resistan un análisis riguroso y caigan en flagrantes contradicciones. Hay algunos casos clamorosos en el desarrollo de la llamada legislación de género que están siendo aprovechados por algunos para tratar de sacar ventaja de su condición física, o lo que es todavía más grave, para salir impunes de delitos tras cambiar de género.

El debate de fondo que se está provocando en un sector del feminismo clásico es sumamente interesante. Voces como la de la exvicepresidenta Carmen Calvo ponen el dedo en la llaga cuando hacen ver que, de seguir adelante, la llamada “ley trans” pondría en entredicho buena parte de la legislación que las feministas entienden como una conquista. Es discutible cómo entiende Calvo la igualdad, pero tiene razón cuando afirma como un dato irrebatible la condición sexual de las personas, el sexo biológico, y cuando advierte que el Estado tiene que dar una respuesta a las personas trans, pero el sexo no es ni voluntario ni opcional.

En su redacción actual esta ley aboca a la trampa de la que el feminismo clásico quería salir, porque al reivindicar el género sobre el sexo biológico, como pretende la teoría “queer”, paradójicamente las mujeres terminan siendo excluidas. Calvo advierte también que no existe un derecho a la autodeterminación de género, algo que puede aplicarse a los llamados “nuevos derechos”, a cuya aprobación se ha dedicado la izquierda en abierta contradicción con sus propias raíces culturales