El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en denunciar que existen poderes ocultos del mundo del dinero que quieren derrocar a su Gobierno, apoyándose en sus terminales mediáticas. Es una denuncia imprecisa, contra un sujeto genérico, sin ninguna prueba. Habla Sánchez con el mismo tono con el que hablaba el exvicepresidente Pablo Iglesias.

Estas declaraciones se producen cuando las encuestas dan al PP una intención de voto cinco puntos por encima del PSOE. Y después de que personas cercanas al entorno de Sánchez hayan tomado el control del diario El País y de la empresa Indra, gran compañía presente en muchos sectores.

La acusación de que alguien quiere derrocar al Gobierno es suficientemente grave como para que Sánchez sea más explícito. España es un Estado de Derecho pleno y sus instituciones democráticas garantizan que la soberanía popular sea respetada. Por otra parte, indicar que hay medios que están al servicio de poderes antidemocráticos supone querer condicionar la libertad de prensa. Los medios de comunicación tienen detrás empresas que hacen apuestas editoriales. Esto forma parte también del engranaje de una democracia madura. Si el presidente no es más explícito, es lógico sospechar que le molesta la libertad de empresa y la libertad de prensa.