Las inéditas protestas en las calles de las principales ciudades de Cubahan puesto en evidencia a quienes se niegan a reconocer, desde posiciones de izquierda, que Cuba es una dictadura en toda la regla. Incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le costó 24 horas de reflexión y consultas a sus asesores admitir que Cuba no es una democracia, aunque también evitó definir el régimen castrista como una dictadura.

Es cierto que, por razones históricas patentes, Cuba tendrá siempre un lugar destacado en la memoria y el afecto de los españoles, al margen de toda ideología. Pero de ahí a negar la evidencia de un sistema que reprime las libertades esenciales hay, en unos casos, una ceguera ideológica culpable, y en otros, una sumisión patética al discurso de quienes son necesarios para asegurar la estabilidad del gobierno.

El hecho indiscutible es que los cubanos no pueden manifestar su opinión política en libertad, ni pueden elegir ninguna opción distinta al comunismo, impuesto por la fuerza desde hace sesenta años. Es anómalo y vergonzoso que desde los asientos del propio Consejo de ministros de España, haya quienes justifican a un régimen que reprime, encarcela y condena a todo un pueblo a vivir arrodillado y en la miseria, supeditado a una clase política que se niega al cambio mientras desconoce las privaciones de la inmensa mayoría.