El Gobierno, siguiendo las necesidades electorales de Pedro Sánchez, ha vuelto a la casilla presupuestaria en la que estaba el pasado verano. El presidente, bien porque tiene esperanza de conseguir el apoyo de los independentistas, bien porque quiere presentarse como su víctima, vuelve a intentar sacar adelante las cuentas públicas del año que viene. El Consejo de Ministros ha vuelto a estudiar los objetivos de estabilidad para enviarlos al Congreso. En realidad esos objetivos y previsiones ya fueron rechazados por el Congreso y severamente criticados por Bruselas y el FMI.

Ahora que vuelve a hacer números hay que recordarle el dictamen que llegó de Bruselas. A Sánchez le dijeron que con esas cuentas el déficit público se dispararía al 2,1 por ciento y no al 1,8 por estimado. Bruselas recordaba que no incluía el ajuste de casi 8.000 millones pactado y que no se reducía de forma conveniente la deuda. La OCDE y el FMI recortaron no hace mucho las previsiones de crecimiento en las que estaban basadas las cuentas. El FMI fue más allá y dudó de los ingresos que se podían obtener con un nuevo impuesto de transacciones financieras y con el impuesto al diésel. No salen los números.

Pero todo esto parece lo de menos. Todos sabemos a estas alturas que los números, el objetivo de déficit, la política presupuestaria, son lo de menos. El bien común se ha dejado de lado.