A estas alturas ya no sorprende la irresponsable reacción del consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep González Cambray, ante la sentencia del Tribunal Supremo que ordena que en todos los centros educativos de Cataluña se imparta al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Esta sentencia culmina un largo proceso judicial. En una carta a los profesores, el consejero catalán pide que se mantengan los proyectos de inmersión lingüística en los colegios y, por tanto, que no se aplique lo que ha dictado en firme el Alto Tribunal. El propio presidente de la Generalitat ha calificado la sentencia de injerencia y falta de respeto a los docentes. Se trata de un desacato a la ley en toda regla, uno más dentro de una larga historia de deslealtad institucional.

Pero lo más sorprendente es la actitud del Gobierno de España que, de momento, prefiere mirar para otro lado, mientras afianza el acuerdo con los independentistas catalanes para sacar adelante los presupuestos. El presidente Sánchez tiene la obligación de reclamar a la Generalitat que aplique lo dictado por el Supremo y de vigilar su cumplimiento, de modo que se garanticen los derechos de las familias.

Sánchez no puede ampararse en que las competencias en materia de Educación están transferidas a las Comunidades Autónomas, ya que dispone de la Alta Inspección Educativa para asegurar que la sentencia se lleve a efecto. Es hora de que también la sociedad civil se movilice y denuncie cualquier vulneración de un derecho de todos los niños en Cataluña, aclarado y protegido por la ley.