La transferencia de la gestión de la Seguridad Social, entre otras, al Gobierno de Íñigo Urkullu, despiertan sospechas. Se trata de una vieja reivindicación que se suma a una treintena de asuntos que en palabras del Gobierno Vasco permitirán desarrollar el Estatuto de Guernika. El Gobierno vasco gestionará la Seguridad Social, sin cuestionarse, de momento, la caja única. Esto significa que las pensiones las seguirá pagando el Estado.

El día a día hasta llegar a diciembre de 2021, fecha del traspaso, irá revelando más informaciones al respecto. Después tendrán que pasar unos años para saber si funciona o no. Y mientras tanto, la política en España seguirá ligada a las continuas reivindicaciones autonómicas en detrimento de asuntos tan urgentes como la solidaridad interterritorial, la armonización fiscal, el mercado único o la eterna cuestión educativa. Entre un centralismo uniformador, que desprecia las particularidades, y un localismo disgregador, que neutraliza lo común, seguimos pendientes de un proyecto de convivencia que se asiente sobre la incuestionable igualdad de todos los españoles. La política española no debiera estar en estado de alerta permanente, consecuencia del cobro de facturas de los partidos nacionalistas. En el caso de la gestión de la Seguridad Social se trata de un salvoconducto que en el corto plazo beneficia a Pedro Sánchez, pero no está claro que beneficie a los españoles. Más, cuando el déficit de las pensiones en Euskadi, las más altas de toda España, no para de crecer desde 2006.