La decisión de las Juntas de tratamiento penitenciario de conceder el tercer grado a los dirigentes independentistas condenados por sedición forma parte de una hoja de ruta que los responsables políticos catalanes tenían muy clara desde que se conoció la sentencia. El Gobierno de la Generalitat se propuso hacer todo lo posible para que los condenados estuvieran en la calle cuanto antes. Y lo está cumpliendo. Máxime si tenemos en cuenta que la decisión de las Juntas debe ser ratificada en menos de dos meses por la Consejera de Justicia de la Generalitat, que dijo que les quería ver en libertad ya.

La Generalitat de la Cataluña es el único gobierno autonómico que tiene transferidas las competenias penitenciarias. Aunque se quieran buscar argumentos humanitarios y jurídicos para entender el continuado trato de favor que reciben los condenados por sedición, todo responde al cumplimiento de una consigna política. La decisión de hacer todo lo posible para que disfruten de un régimen de libertad crea un agravio comparativo con otros reclusos. Se está retorciendo la norma jurídica y el sentido de la condena al servicio de una instrucción política. Pero esto n o será suficiente. El siguiente paso que ya se dibuja será la solicitud de amnistía al Gobierno. Y mientras tanto se prepara una mesa de negociación que va a resultar doblemente peligrosa para Sánchez, con el horizonte de las elecciones catalanas en otoño.