El plan de ahorro energético decretado por el Gobierno ha sembrado el desconcierto, cuando no la rebeldía de algunas comunidades autónomas como las de Madrid, Murcia y, desde ayer, el País Vasco, ante el temor de que las medidas adoptadas perjudiquen al comercio e, incluso, a la seguridad ciudadana y de los propios trabajadores .Hasta ahora, el Gobierno en pleno se ha lanzado en tromba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, a la que acusan, entre otras cosas, de insolidaria y egoísta mientras prefiere observar con prudencia la misma actitud adoptada por sus aliados del PNV. Al margen de las razones alegadas por cada una de estas Comunidades, no cabe duda sobre la necesidad de afrontar la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y que ha sido ampliamente debatida en el seno de la Unión Europea.

Lo que choca es que el Gobierno de Sánchez haya dispuesto por decreto una serie de medidas sin haberlas consensuado con la oposición y las 17 Comunidades autónomas, en la medida que invaden algunas de sus competencias, como es el comercio. Peor aún es que el plan de obligado complimiento dispuesto por el Gobierno no deja de ser un precipitado e incluso frívolo parche ante la gran crisis energética que se avecina y que exige algo más que el apagón de las calles y escaparates comerciales o la regulación de las temperaturas en los edificios públicos. Como primera medida, es el propio Gobierno el que debiera dar ejemplo de ahorro y austeridad en sus gastos antes de pedir solidaridsad a los ciudadanos. Pero lo que más se echa de menos es una revisión a fondo de toda la política energética en la que tenga su cabida la construcción de nuevs centrales nucleares, en lugar de disponer una suicida medida ideológica para acabar con las que existen.