Por primera vez en la historia de nuestra democracia, la propuesta del gobierno para la Fiscalía General del Estado ha provocado una profunda división en el Consejo General del Poder Judicial.  Siete magistrados se han opuesto a que Dolores Delgado sea responsable del ministerio fiscal. Los miembros del Consejo, a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, solo han valorado si la candidata cumplía los requisitos legales, pero no han entrado en la cuestión de su idoneidad. El Informe es preceptivo pero no vinculante, y ahora el gobierno dará el siguiente paso remitiendo la cuestión al parlamento.

La argumentación de los magistrados discrepantes insiste en que nombrar Fiscal General a quien ha sido Ministra de Justicia enturbia de forma grave la percepción de independencia de este organismo. La  Fiscalía debe ser autónoma e imparcial, y Dolores Delgado no ofrece garantías al respecto sino todo lo contrario, a la vista de su trayectoria política. No ha habido en la historia reciente un nombramiento tan cuestionado dentro de la carrera judicial.

Este caso, además, complica las renovaciones futuras dentro del seno del Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez se ha empeñado en este nombramiento porque prevé usar a la Fiscalía como herramienta para su estrategia política, lo que provocará un grave daño a las instituciones.