La guerra se ha cobrado la vida de un número incalculable de personas en Siria. De los 5,6 millones de refugiados provocados por la guerra, Turquía acoge a 3,6 millones. La situación del 80% de los refugiados es de extrema pobreza. Por si fuera poco, las elecciones en Turquía podrían forzar a los refugiados sirios a un nuevo destierro.

La oposición a Erdogan ha convertido la cuestión de los refugiados sirios en una baza electoral para captar el voto nacionalista. Si gana las elecciones, dice la oposición, los refugiados serán devueltos a su tierra. Y para justificar sus proclamas no han dudado en inflar las cifras de refugiados que han sido acogidos en territorio turco.

Las sociedades entienden las medidas de urgencia, pero temen que los emigrantes y refugiados se instalen, más cuando los países de acogida, como es el caso de Turquía, padecen crisis económica y altas tasas de inflación. Es deber de los Gobiernos informar con transparencia, gestionar y regular los flujos migratorios, presionar para alcanzar políticas comunes.

Más allá de la buena voluntad política, es imprescindible que la comunidad internacional establezca acuerdos claros para el control y la regulación de los flujos migratorios. Las personas refugiadas y migrantes no pueden ser moneda de cambio, mano de obra barata, o simples empleados de reemplazo. Si la crisis climática pide acuerdos marco de debido cumplimiento, tanto más urgente es abordar un desafío de esta naturaleza, que podría condenar a la muerte a más de tres millones de personas.