Al margen de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado contra el asalto del Gobierno a la Justicia, la maniobra legislativa de Sánchez atenta contra el sentido mismo de la democracia y sus procedimientos. La derogación de la sedición como delito y la reforma de la malversación no responden a necesidades de mejora del ordenamiento jurídico sino a un diseño para dejar impune el golpe de Estado de octubre de 2017 en Cataluña. Del mismo modo, el cambio de reglas para la elección de los magistrados del Constitucional está en función de despejar el camino a un futuro referéndum o consulta en Cataluña. Si en tres ocasiones la Unión Europea ha tenido que llamar la atención al Gobierno español por la pretensión de cambiar a su favor el modo de elección de magistrados del Consejo General del Poder Judicial, cabe esperar que ahora actúe con algo más que un aviso.

Hace dos años la Comisión Europea recordó la obligación de consultar a los organismos pertinentes antes de tomar una decisión que afectara a la independencia de los jueces. Entre esos organismos se encuentra la llamada Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como “Comisión de Venecia”. Pero el Gobierno no ha hecho ningún caso, como tampoco a las instituciones españolas llamadas a pronunciarse. La situación es muy grave porque, aunque tenga de su parte la aritmética parlamentaria, Sánchez está poniendo en venta el Código Penal y el sistema judicial, y eso implica erosionar la democracia y el orden constitucional.