La vicepresidenta Carmen Calvo se ha reunido esta semana con el nuevo nuncio, Bernardito Auza, a quien ha mostrado la mejor disposición del Gobierno a mantener una estrecha colaboración. También ha expresado su intención de participar en el foro educativo que el Papa ha organizado en mayo. Hasta ahí, máxima normalidad. El problema es que esta declaración de intenciones coincide con el anuncio de que la Religión no será evaluable y carecerá de alternativa, lo cual vulnera los Acuerdos con la Santa Sede. Llaman también la atención los comentarios de Calvo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, asegurando que la Iglesia no paga los impuestos que debiera, cuando está sometida al mismo régimen fiscal que se aplica a otras organizaciones sin ánimo de lucro.

Resulta inevitable recordar los tiempos de Zapatero, cuando el Gobierno contraponía la buena sintonía con Roma a la supuesta intransigencia de los obispos españoles. Lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría haberse ahorrado alguna provocación gratuita. Si la polémica por el pin parental ha acaparado la atención es por las sospechas de que la reforma de la ministra Celaá confunde las necesidades educativas con los intereses ideológicos de su partido. De ahí ha surgido una polémica que, como asegura Escuelas Católicas, solo siembra desconfianza entre las familias y la escuela, debilitando aún más el pacto educativo que precisamente se propone recomponer el encuentro convocado en mayo por el Papa.