Por primera vez en la larga historia de la tramitación de leyes educativas en la España democrática, los partidos del Gobierno han decidido, con el rodillo de su mayoría absoluta, que la Comunidad educativa no comparezca en el debate de tramitación de la ley. PSOE y Podemos votaron en contra de escuchar las demandas reales de los protagonistas e inmediatos afectados por la ley que quieren aprobar. El PSOE y Podemos decidieron tambien en la Comisión de Educación del Congreso la tramitación urgente de la ley, acortando los plazos prescritos, y rechazaron la práctica mayoría de las enmiendas presentadas por el resto de formaciones políticas.

Esta decisión no está motivada solo por la rapidez inusitada con que el Gobierno quiere sacar adelante su reforma educativa, que se puede aprobar de forma definitiva en marzo. Es una manifestación del sesgo autoritario de quienes se niegan a oír las críticas de los expertos e implicados. Lo que pretende la ministra Celaá es imponer su modelo educativo a toda costa. Un modelo basado en prejuicios ideológicos que se traducen en método educativos que han demostrado su fracaso.

Sorprende que el Gobierno de Sánchez, que manifestó su intención de participar en el Pacto Educativo Global que impulsa el Papa Francisco, niegue radicalmente toda posiblidad de un pacto educativo en España. Una contradicción que revela la deriva sectaria del Ejecutivo formado por PSOE y Podemos.