En vez de aceptar lo que la Unión Europea ha pedido al Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con sus declaraciones de ayer, ha complicado más la posibilidad de cualquier reforma pactada de ese organismo. Su afirmación de que “en una democracia plena, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos”, no sólo dificulta aún más el necesario acuerdo con el PP, sino que expresa una dudosa concepción de la separación de poderes y del funcionamiento del Estado de Derecho. De ahí la combativa petición de Pablo Casado de que el ministro sea cesado, ante su escaso respeto a la independencia judicial que, en realidad, responde a la tónica general del Ejecutivo de Sánchez.

La realidad es que el Consejo General del Poder Judicial lleva mil días en funciones porque el PSOE y Podemos no entienden que para su renovación hay que abandonar pretensiones de control sectario y alcanzar un acuerdo sensato, que no suponga un trágala para el Partido Popular. Pedro Sánchez se niega a aceptar las recomendaciones de la Unión Europea que pide que una parte sustancial del CGPJ sea elegida por los propios jueces, como forma de despolitizar la Justicia. Este modelo de renovación supondría un paso adelante en la garantía de la independencia judicial, algo que parece no interesar al gobierno de coalición, anclado en el mantra de que los jueces españoles son, por naturaleza, conservadores.