Desde que el pasado jueves, los grupos parlamentarios del Gobierno presentaran en el Congreso la proposición de ley para crear un nuevo impuesto a la banca y a las empresas energéticas se han sucedido una serie de declaraciones cuyo máximo exponente ha sido lo dicho por Pedro Sánchez sobre el Presidente de Iberdrola y la presidenta del Banco Santander: “Si Botín y Galán protestan ante los impuestos, vamos en la buena dirección”, ha recalcado Sánchez.

Una polémica entre el Gobierno y las grandes empresas del IBEX no beneficia a nadie. Si es cierto que en momentos de crisis, con una subida acelerada de los tipos de interés, el beneficio de los bancos aumenta, no lo es menos que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede señalar a la banca como la gran beneficiaria de la inflación récord, ni legislar desde el populismo y llevar leyes al Parlamento sin un diálogo previo con los sectores implicados. Las palabras de Pedro Sánchez crean inseguridad jurídica y ofrecen una imagen poco creíble de España al inversor extranjero. La alternativa a los beneficios de las grandes empresas del país no es engordar las arcas del Estado.

Aunque estos impuestos estén diseñados dentro del pacto de las rentas que se tendrá que firmar pasado el verano, lo que se debiera garantizar es que las nuevas figuras impositivas no repercutan de forma agresiva y arbitraria en los ciudadanos. Lo demás es sometimiento a los postulados de la demagogia radical económica de la izquierda en el Gobierno.