De poco le va a servir a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la táctica dilatoria para no ejecutar la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que inhabilita al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Aunque haya pedido una aclaración al Supremo, acordada por la mayoría de PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso, va a tener que ejecutar la sentencia si no quiere incurrir en un delito de obstrucción a la justicia o de desobedienica. Y ya sabe lo que le pasó a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell.

La decisión de Batet no se puede escudar en la defensa de los derechos de un diputado. Si así fuera, lo que tendría que hacer es alentar que el representante de Podemos presente un recurso al Tribunal Constitucional y solicite la medida de suspensión cautelar de la sentencia. La cuestión no es jurídica sino política. De lo que se trata en este caso es de mantener un pulso al poder judicial, una de las obsesiones de Podemos. Una vez más, resulta incomprensible que el PSOE se preste al juego de Podemos y se convierta en su rehén, abandonando la dignidad institucional que ha caracterizado a este partido desde la Transición. El diputado Alberto Rodríguez, de un partido que llegaba para regenerar la instituciones, debe dejar su escaño por haber cometido un delito, nada menos que la agresión a un policía, y es impresentable que el PSOE ampare a los que no quieren asumir la responsabilidad de sus actos.