El Partido Popular ha intentado que en el Congreso de Diputados se aprobase una declaración institucional que rechazara "sin paliativos" la violencia callejera desatada tras la detención del rapero Pablo Hasél. Las calles de algunas de las grandes ciudades españolas han sufrido altercados de una gravedad extrema que han puesto en peligro la vida de policías y periodistas, y han dañado no solo material urbano, sino los negocios de ciudadanos inocentes.

Sorprende, pero lo propuesto por el PP ha encontrado resistencias en los grupos parlamentarios de los dos partidos políticos que sostienen el Gobierno de España. El PSOE y Podemos alegan razones distintas para oponerse. Para los primeros, la falta de unanimidad impedía su apoyo. Para los segundos, en palabras de Pablo Echenique, la razón de su negativa estriba en que el PP no buscaba condenar los disturbios, sino a algunos partidos políticos.

Que los partidos que sostienen al Gobierno de España sean incapaces de pronunciarse institucionalmente en defensa del ordenamiento democrático y contra la politización violenta y descontrolada dice mucho de la situación que atravesamos. Las razones que han llevado a ambos partidos a guardar silencio no son del todo confesables. Unos porque no quieren restar apoyos a su ejercicio del poder y otros porque son ellos quienes alientan a la galaxia de la violencia antisistema. Unos y otros están jugando con fuego y la democracia, aunque sostenida en un sólido Estado de Derecho, también corre peligro.