El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un plan educativo de dudosa legitimidad, con un planteamiento que desprecia la libertad y los derechos de las familias. La familia es la primera institución social depositaria del derecho a la educación de los hijos. El Estado debe garantizar ese derecho de acuerdo con las convicciones morales de las familias y la escuela debe facilitarlo. Este es el planteamiento más sano en una sociedad democrática y nuestra Constitución se encarga de preservarlo.

El proyecto Skolae, que el Gobierno de Navarra busca implantar, es por el contrario un proyecto ideológico que desprecia a las familias, y que además ignora los postulados pedagógicos más básicos. La educación afectivo-sexual forma parte de un proyecto educativo integral, la cuestión es que debe contar con la voz autorizada de pedagogos, psicólogos y médicos, conocedores del proceso de crecimiento y desarrollo de la personalidad humana, así como con la conformidad de las familias para definir el proceso y los contenidos que afectan a las cuestiones más directamente relacionadas con la personalidad humana.

Si los Gobiernos están comprometidos con la educación deben asumir sus deberes y fomentar la cooperación. En Navarra parece más bien que su Gobierno tiene peajes que pagar, que nada tienen que ver con el mejor proyecto educativo posible.