El precio que va a tener que pagar Pedro Sánchez por la investidura es inaceptable teniendo en cuenta nuestra historia, el bien común custodiado por la Constitución y la dignidad del Estado de Derecho. Es un precio que se acrecentaría a medida que se desarrollase una legislatura que, en cualquier caso, sería corta. Dentro de las cesiones que se dibujan por parte de los independentistas y la extrema izquierda figura transigir con la campaña contra uno de los pilares de nuestro sistema constitucional, la monarquía parlamentaria.

La aprobación en el Parlamento catalán de una resolución ilegal contra la Monarquía que fue suspendida por el Trinbunal Constitucional el pasado día 5, en favor de la república de Cataluña y por la autodeterminación, es más que un reto propagandístico. Sánchez hace depender su investidura y la posterior gobernación de partidos cuyo programa consiste en dinamitar nuestras instituciones democráticas, algo impensable en cualquier democracia europea.

La campaña torpe que se ha iniciado en favor de la república está muy alejada de los intereses reales de los ciudadanos, pero además puede tener consecuencias de largo alcance. En estos términos, la alianza de Sánchez con Unidas Podemos y los independentistas es algo más que una tremenda irresponsabilidad, como han denunciado notables socialistas que han tenido un papel relevante en nuestra historia democrática.